El expediente clínico electrónico y el padrón general de salud son piezas fundamentales para concretar la portabilidad y convergencia de servicios médicos en el país. Sin embargo, los avances son escasos.

En el primero, los estados carecen de recursos específicos para poner en marcha el sistema informático y la mayoría requiere actualizar la infraestructura tecnológica. En el caso del padrón de usuarios de los servicios de salud –entre otros problemas–, no garantiza la confidencialidad de los datos, reveló una evaluación hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en conjunto con una empresa privada.

Algunos de los resultados de la investigación fueron presentados durante el 15 Congreso de Investigación en Salud Pública, el cual se desarrolló esta semana en Cuernavaca, Morelos.

Miguel Ángel González Block, investigador del INSP, explicó que el trabajo se realizó a petición de la Secretaría de Salud (Ssa). Dijo que en el camino hacia lograr que los pacientes puedan acudir a cualquier institución médica, independientemente de su derechohabiencia (portabilidad) se deben atender varios pendientes, como los señalados.

Para que haya integración funcional de los servicios –precisó–, la población debe percibir que existe la libertad de elección de clínica u hospital, que hay acceso legal y sin ningún tipo de barreras administrativas, económicas o de cualquier tipo. Lo mismo debe ocurrir entre los proveedores y prestadores de servicios.

En cuanto a la convergencia entre instituciones de salud, su sustento se garantiza con la existencia y aplicación efectiva de guías de práctica clínica, intercambio de servicios, operación de un plan maestro sectorial de recursos humanos, abasto de medicamentos e insumos, así como disponibilidad de médicos y enfermeras.

Respecto del expediente clínico electrónico, González Block comentó que hasta finales de 2011, de 382 unidades médicas evaluadas, en 24 por ciento operaba el sistema en distintos grados, 19 por ciento tenía proyectos para ponerlo en marcha, 6 por ciento tenía iniciativas, pero la mitad no reportó ninguna acción al respecto.

Además, sólo 5 por ciento de las unidades contaba con presupuesto específico asignado al desarrollo y aplicación del expediente electrónico. El especialista resaltó que en 15 casos, el proyecto era de importancia estratégica.

La revisión detectó que 38 por ciento de los estados de la República con expediente electrónico tenía posibilidad de concretar interconexiones con otras entidades en el corto plazo, pero más de 70 por ciento requería mejor infraestructura tecnológica.

En las instituciones de seguridad social, en particular el Instituto Mexicano del Seguro Social, 60 por ciento de sus clínicas y hospitales ya cuenta con el sistema y se aplica con base en la norma oficial mexicana (NOM ) 024, relativa al expediente clínico electrónico. También se reportó un avance en los convenios de interoperabilidad con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo que les faltaba, de acuerdo con la evaluación, era la firma electrónica de los documentos para evitar duplicidad con los papeles.

El análisis arrojó que el intercambio de servicios clínicos entre las diferentes instituciones enfrentaba algunas limitaciones, como problemas con el registro de pacientes, retrasos en los pagos cruzados, que el monto de las tarifas no es obligatorio y no existe regulación sobre los tiempos máximos de espera de la atención médica requerida.