La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas que resolverían –si son aceptadas por el pleno– problemas de salud pública y de atención a menores con padres trabajadores. Hasta ahora las instituciones que prestan servicios médicos no brindan atención ginecobstétrica a mujeres jóvenes menores de 18 años cuando se presentan embarazadas a solicitarla.

Los legisladores que integran el grupo de trabajo resolvieron que las hijas de asegurados y pensionados menores de 18 años, deberán ser atendidas en los servicios ginecobstétricos de las instituciones de salud pública. A la fecha, señalaron los legisladores, la exclusión de las hijas menores de asegurados a la atención ginecobstétrica viola derechos humanos y discrimina; afecta los derechos de las menores y el derecho a la protección a la salud.

De ser aceptada la propuesta se garantizaría que los citados servicios de salud sean extensivos a todas las jóvenes adolescentes, y se evitaría el creciente fenómeno discriminatorio cuando se trata de que sean beneficiarias de las prestaciones que sus padres han ganado a lo largo de su vida laboral.

La segunda iniciativa aprobada propone eliminar que el servicios de guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preste solamente a madres trabajadoras, y se pretende extenderlo también a los padres asegurados.

En la ley vigente el derecho sólo atiende a madres trabajadoras, y los varones sólo pueden acceder a él en caso de ser viudos, divorciados o tener la custodia de los menores.

El dictamen elimina la exclusión del derecho a los padres trabajadores en general, porque la ley refuerza prácticas discriminatorias y la desigualdad de las responsabilidades familiares.

Al privar del acceso al servicio de guarderías a los trabajadores varones en general, se configura un acto discriminatorio, y su efecto es el riesgo de que los menores de cuatro años carezcan de atención adecuada mientras sus progenitores se encuentran laborando.

En la Comisión de Seguridad Social también se suscitó una controversia porque, por iniciativa de Miguel Alonso Raya, se pretende crear el seguro para el desempleo. Tal propuesta fue rechazada por los diputados del PRI y del Partido Verde, quienes consideraron que no existen recursos económicos para solventar el gasto del seguro.

No obstante, Alonso Raya expuso que el programa requiere de 8 mil millones de pesos, cantidad que sería solventada con recursos que se obtengan de una reforma fiscal integral, y las acciones se presentarían a partir de 2014.