Diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Educación Pública, han mantenido hasta ahora en secrecía información vinculada con la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Elba Esther Gordillo, al clasificarla como confidencial o inexistente, según se deriva de los 43 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). La PGR declaró reservada la información relativa a la cantidad de averiguaciones previas y procesos penales en los que aparece Elba Esther Gordillo como presunta responsable.