La Procuraduría General de la República (PGR) se equivocó al acusar a la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, por lo que es cosa de tiempo para que obtenga su libertad, sostuvo el constitucionalista Elisur Arteaga.

En cambio, el abogado Jorge Zorrilla, catedrático de la licenciatura de derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, afirmó que lo que se imputa a Gordillo tiene sustento, pues existe la presunción de que pudo cometer dichos ilícitos al aparentemente desviar y usar en su beneficio recursos pertenecientes al gremio.

Arteaga señaló que no es cierto lo que dijo la PGR de que el dinero que utilizó presuntamente la lideresa para su beneficio tenga procedencia ilícita.

Se sabe de dónde salió, del SNTE, y éste no ha presentado ninguna querella contra la profesora por fraude o malversación de fondos como para que proceda la acusación.

Agregó que, en todo caso, la Secretaría de Hacienda tampoco presentó demanda contra Gordillo por defraudación fiscal y será muy complicado que presente una denuncia por ese ilícito, porque ya no puede basarse en la documentación en que el Ministerio Público Federal basó su acusación por el presunto uso ilícito de recursos del sindicato en beneficio de la acusada.

Si Hacienda interpone una nueva querella tendrá que presentar otras pruebas, porque de lo contrario estaría violando la ley al pretender juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, aseveró el también catedrático de la UAM.

El especialista comentó que la defensa de la profesora está en condiciones de interponer al mismo tiempo un recurso de reclamación y un amparo contra el auto de formal prisión, que le permitirían alcanzar la libertad en unos meses, si el juez de la causa considera que no son sólidas las acusaciones por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que le imputan.

Personalmente, aclaró, considero que, en todo caso, procedería la denuncia penal en su contra por delitos como fraude, abuso de confianza o defraudación fiscal, pero no los delitos que le imputó la PGR.

Jorge Zorrila dijo que los delitos que imputan a la lideresa no necesariamente están relacionados con el narcotráfico, pues el artículo 400 bis del Código Penal Federal asienta que los ingresos millonarios por los que no se pagaron impuestos ni se ha acreditado licitud configura una operación con recursos de procedencia ilícita”.