La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica informó ayer que la Secretaría de Gobernación ha incumplido con los acuerdos que se tomaron el pasado 7 de febrero, en una reunión con funcionarios de la dependencia, y que señalaban que se suspenderían los cortes de luz a los usuarios con problemas de pago, y que no habría represalias contra los ciudadanos en resistencia.

Representantes de organizaciones que integran esta red indicaron en conferencia de prensa que esperan que este 6 de marzo sí se instale la mesa de diálogo para avanzar en la resolución del conflicto. No obstante, plantearon que lejos de los ofrecimientos de esta secretaría, desde el 14 de febrero se han incrementado los cortes de luz en distintos estados.

Según indicaron, también se reactivaron las demandas penales contra gremios como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos.

En un pronunciamiento conjunto que dieron a conocer ayer en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), estos gremios establecieron que las acciones más graves de hostigamiento las han sufrido integrantes de Luz y Fuerza del Pueblo.

Esto es porque no sólo se les han iniciado procesos penales a varios de los integrantes de esta organización por haber participado en la manifestación nacional del 7 de febrero, sino que también recurrieron al secuestro y tortura del secretario del ayuntamiento constitucional de Palenque, Jaime Cruz Díaz, para que éste les proporcionara información sobre Onésimo Hidalgo Domínguez y otros miembros de la región norte de Luz y Fuerza del Pueblo.

En la rueda de prensa en la que estuvieron integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas; Luz y Fuerza del Pueblo (Chiapas); Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de luz y la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio (Oaxaca), entre otros, detallaron que son preocupantes los incumplimientos de la Secretaría de Gobernación.

Pareciera que por un lado reconocen que existe un conflicto social y por el otro quieren resolverlo mediante la represión, en lugar de buscar el diálogo, sobre todo cuando en dos instancias se abrieron mesas de negociación. En Gobernación, el diálogo fue encabezado por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, y en la Cámara de Diputados con integrantes de la Comisión de Energía.

Es importante referir que el pasado 7 de febrero se realizó la segunda jornada nacional de movilización de usuarios de la energía eléctrica, contra la represión y criminalización de la protesta social, contra los megaproyectos de la Comisión Federal de Electricidad y por unas tarifas justas de luz. En la misma hubo marchas y movilizaciones en 16 estados.

Esta red, en la que también están la Alianza Única del Valle, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; el Movimiento amplio de resistencia civil de Chihuahua, y otros más, apuntó que si no se cumplen los acuerdos que asumió el gobierno federal, regresarán a sus bases para acordar las acciones necesarias para hacerse escuchar.