Bunos Aires, 4 de marzo.

A pesar de los avances de América Latina en materia de legislación contra el hábito de fumar, la industria tabacalera elude restricciones a la publicidad mediante variadas estrategias, alertan organizaciones sociales y especialistas en la materia.

Con la publicidad prohibida en todos los países, las campañas se dirigen ahora a los puntos de venta, donde se busca aumentar la visibilidad de los productos, y a financiar programas de responsabilidad social, que ayudan a mantener la vigencia de las marcas, asociadas a causas altruistas.

Así se desprende del informe La salud no se negocia. La sociedad civil frente a las estrategias de la industria tabacalera en América Latina, elaborado por las secciones argentina y mexicano de la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y la Alianza Contra el Tabaquismo en Brasil, entre otras entidades.

Mariela Alderete, vicedirectora de la FIC Argentina, explicó que en este país la industria aprovecha el hueco que deja la falta de reglamentación de la ley de control del tabaco aprobada en 2011.

El reglamento ayudaría mucho a cubrir vacíos legales, por ejemplo en publicidad o en áreas libres de humo, detalló.

Argentina es el único país de América del Sur que no ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, firmado por el gobierno en 2003, debido a la oposición de provincias tabacaleras que argumentan que esas normas atentan contra las economías locales, pese a que 80 por ciento del cultivo se exporta.

El reporte de FIC y la Alianza sostiene que en años recientes hubo grandes avances en la región para controlar el hábito de fumar. No obstante, la industria despliega estrategias innovadoras para alcanzar nuevos públicos y violar o eludir políticas de salud que procuran prevenir enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo.

Las estrategias se repiten casi calcadas en algunos casos, con iguales argumentos, rebatidos una y otra vez por las entidades sanitarias que promueven el control. El objetivo es evitar la sanción de leyes o debilitarlas una vez que salen, denuncia el estudio publicado a fines del año pasado, pero casi ignorado por los medios de comunicación.

Según el informe, las empresas presionan contra las normas amparándose en grupos de fachada que pueden ser pequeños productores de tabaco, propietarios de bares, restaurantes, salas de juego o quioscos, con el objetivo de resaltar los supuestos impactos negativos que tendrían las limitaciones para fumar.

También condicionan a dirigentes políticos y legisladores mediante financiación de campañas electorales o de otras iniciativas, y manipulan datos para poner en cuestión medidas que son eficaces para combatir esta adicción como, el incremento de los tributos sobre el producto.

La ley argentina prohibió la publicidad con la excepción de los puntos de venta. El Ministerio de Salud resolvió el año pasado, además, que los paquetes de cigarrillos contuvieran un pictograma con advertencias sanitarias del tipo Fumar causa cáncer o La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo, entre otros.

No me jodas

Pero según Alderete, para banalizar la advertencia se fabrican cigarreras con un recorte que solo permite que se vea la marca y, del lado en que debería verse el pictograma, llevan un cartel que dice No me jodas.

La reglamentación está frenada, entre otras causas, por la oposición de Lotería Nacional, el organismo estatal encargado de administrar las salas de juego, que reclama la habilitación de lugares para fumadores y que se valide la instalación de purificadores y sistemas de ventilación.

Esa propuesta es la que hace la industria tabacalera en su programa Convivencia y Armonía, pero se sabe que esos sistemas son inefectivos y afectan el derecho a la salud de los trabajadores y de los no fumadores. Es decir que la industria se vale de Lotería Nacional como fachada, denunció Alderete.

En México, las empresas buscaron desacreditar los intentos de subir impuestos que tengan impacto en el precio final, argumentando que con esa medida lo único que se lograba era aumentar el contrabando. Los ejecutivos del sector utilizaron incluso datos contradictorios con la información oficial.

Mientras que las firmas difundían en medios de comunicación y en campañas callejeras que el comercio ilegal se había quintuplicado, cifras oficiales citadas en el informe indican que el contrabando se redujo significativamente.

Sin embargo, en años recientes crecieron sin control los expendios en los que se venden cigarrillos sueltos a niños y niñas, pese a que la ley lo prohíbe expresamente, dijo a Ips el experto Érick Ochoa, de FIC México.