o nos oponemos a la evaluación, pero ¿cómo y para qué quiere evaluar el señor Presidente?… Esta fue una frase que recogieron los periódicos nacionales el 21 de diciembre de 2001, cuando la entonces prestigiosa lideresa del SNTE comentó lo que se había tratado en una importante reunión en Los Pinos, particularmente sobre el significativo hecho de que por primera vez Vicente Fox lanzó la idea de establecer para la educación básica todo un sistema de evaluación, a partir de la creación de Enlace y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para avanzar en la calidad de la educación. Hasta hoy este es aún el fondo de una compleja negociación que sigue en curso, marcada por mensajes crípticos, anécdotas folclóricas (como las protagonizadas por Josefina y Elba Esther), bombardeos mediáticos, amenazas y finalmente golpes de Estado.

Desde ese momento las cartas estaban sobre la mesa. En esta partida se ha estado jugando la hegemonía, es decir, el control sobre la educación y su principal actor: el maestro. Esta disputa taimada la encabezaron los personajes que se mueven dentro de los espacios de toma de decisiones del Estado: el SNTE, dominado por una ambiciosa figura encumbrada y moldeada por Salinas de Gortari; los empresarios, representados por diferentes figuras: el CCE, Mexicanos Primero, Televisa, disfrazados de sociedad civil y, finalmente, el gobierno, la SEP y su Dirección General de Evaluación. La sórdida contienda dentro de ésta, que bien podríamos llamar la Santísima Trinidad, se ha centrado sobre el actual instrumento de control e intervención del Estado en la educación: la evaluación.

¿Cómo y para qué evaluar?, preguntó la señora Gordillo. Doce años después parece haberle llegado el fin de la partida y la respuesta contundente en tres días: proclamación constitucional de la seudorreforma educativa, encarcelamiento y alineación servil del SNTE. La evaluación es ahora un precepto constitucional, por absurdo que esto sea, que evaluará para determinar el ingreso, la promoción y la permanencia del magisterio, mediante las pruebas denominadas, respectivamente: concurso de oposición, Enlace y evaluación universal. Textualmente se dice: evaluar es medir. Así, a pesar de la estridente reiteración mediática de que el único fin de la evaluación es la calidad educativa, estas pruebas sólo pueden medir. Medir lo cuantificable y no la calidad, para poder clasificar lo medido y aplicar sus resultados: ingresar o ser excluido, entrar o no al estímulo, permanecer o ser despedido. Para medir hay que reducir los complejos procesos de apropiación del conocimiento a meros estándares y resultados medibles.

La prueba Enlace no genera procesos de calidad, puesto que es reduccionista; empobrece el conocimiento; se finca en la reiteración. En una palabra, instrumentaliza la enseñanza y no permite ni siquiera saber si un niño puede escribir o no. El concurso de oposición, otra prueba estandarizada que consiste en llenar bolitas de opción múltiple, no permite determinar si un maestro es apto para enseñar. Para ser maestro se necesita tener la capacidad de motivar, imaginar, explicar ampliamente, entender las dificultades de cada niño, analizar problemas, descubrir el mundo, y eso no se mide con bolitas. La evaluación universal, mecánica, limitada, y con más llenado de bolitas, no puede, de manera justa y profunda, determinar el talento y promoción del maestro y/o su permanencia o no en la plaza, violentando sus derechos laborales.

Nadie, finalmente, puede creer en la supuesta autonomía de los organismos evaluadores, como Ceneval, Conacyt, Ciees, etcétera, integrados por ex funcionarios de la SEP y expertos vinculados o entrenados por la OCDE; enmarcados todos por objetivos, principios y metas muy específicos, cuya función central es medir, cuantificar, clasificar y sólo apoyar a los mejores, en función de lo cual establecen financiamientos paralelos para profesores, programas, proyectos e instituciones eficientes, admiten o excluyen a los estudiantes.

En ningún momento de esta larga confrontación estos poderes fácticos tomaron en cuenta las reiteradas denuncias, bien documentadas y argumentadas por cierto, del magisterio democrático. No sólo han señalado la corrupción, la total antidemocracia imperante en el SNTE, sino también su permanente connivencia con las reformas alumbradas al final de cada negociación. El magisterio democrático, con su mirada crítica, su compromiso con una verdadera educación pública, laica y gratuita, su conocimiento de la materia de trabajo, su rechazo a mecanizar y empobrecer la enseñanza mediante las pruebas estandarizadas, ha levantado peligrosamente la ira de los que desmantelan la educación en aras de las necesidades neoliberales.

Y sin embargo, tienen toda la razón los maestros democráticos que denuncian y rechazan este pernicioso sistema de control total, que no de evaluación. Tienen toda la razón los maestros críticos en plantear la perversidad de este sistema de exámenes estandarizados.

* Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Autora de El INEE y su dilema: evaluar para cuantificar y clasificar o para valorar y formar.