Chilpancingo, Gro., 3 de marzo.

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, denunció que el movimiento de autodefensa de Ayutla de los Libres y Tecoanapa actuó de manera arbitraria en dos de las 54 detenciones de presuntos delincuentes, incurriendo en abusos similares a los que cometen integrantes del Ejército y la policía ministerial estatal.

Entrevistado vía telefónica, explicó que el 6 de enero pasado –día de la creación del grupo de autodefensa– 31 sujetos fueron detenidos y puestos bajo el resguardo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mientras se investigan sus presuntos delitos.

Olivares Hernández relató que dos de éstos, identificados como Luis Miguel Ramos García, de 28 años, y Cristian Cortés Castro, de 23, aprehendidos por secuestro, fueron recluidos de manera arbitraria, pues la Redgro verificó que no participaron en ningún acto violento, pues ese día estaban de paseo con una amiga y compañeros del colegio.

Subrayó que los dos jóvenes son inocentes y no participaron en ningún plagio. “Es cierto, el movimiento tiene el derecho, como todos los pueblos, de asumir su defensa cuando el estado no cumple con las condiciones idóneas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“No obstante –consideró–, tiene la obligación de actuar bajo lineamientos en las detenciones. Pareciera que se rigen bajo el estilo paramilitar o judicial, y que se implementó para cometer abusos”.

Manifestó que no intenta restar méritos ni denigrar las acciones del movimiento de autodefensa, impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, pero en las pesquisas en el caso de los dos jóvenes que defiende la Redgro, originarios de Acapulco, demuestra que son inocentes. Además, al momento de su captura les quisieron quitar el automóvil en el que se trasladaban.

Acusó también a la PGJE de incurrir en irregularidades, porque aunque ya haya anunciado que los arraigados tienen la atención debida del estado, la dependencia debió considerar las formas en las que fueron detenidos e investigar por qué delitos, antes de arraigarlos. Suponemos que el arraigo es en caso de que la ministerial los hubiera detenido en flagrancia por un ilícito grave, o que ellos hubiesen querido darse a la fuga, pero en este caso están doblemente criminalizados, concluyó.