La caída de la lideresa Elba Esther Gordillo no significa por sí misma una mejora en el sistema escolar del país o un signo de democratización, pues la dinámica de corporativismo entre los profesores y el Ejecutivo federal sigue intacta, coincidieron diversos investigadores especializados en temas educativos.

Por su parte, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) señaló que, aunque el proceso contra Gordillo no puede sino celebrarse, porque se trata de la caída de uno de los personajes más oscuros y siniestros de la mafia sindical corporativa caracterizada por la corrupción y el abuso de poder, también debe irse a fondo en contra de sus cómplices gubernamentales de cuatro sexenios.

Consideró que la captura de la lideresa también busca legitimar y ocultar el lado perverso de la reforma educativa contra los derechos laborales, y dijo que existe el peligro de que sea usada como pretexto antisindical.

En un pronunciamiento, el Cilas subrayó que la sociedad no puede aceptar la farsa del descubrimiento reciente de las malversaciones ni que se trata simplemente de un repentino acto de justicia del mismo gobierno priísta que la encumbró. Añadió que queda claro que se trata de una acción espectacular que persigue dar legitimidad y popularidad al nuevo y cuestionado gobierno, y consolidar el poder real del titular del Ejecutivo por medio de un ajuste de cuentas faccioso que lleva múltiples mensajes disciplinadores.

Manuel Gil Antón, académico de El Colegio de México, señaló que las leyendas sobre el poder de Gordillo –a quien muchos consideran el principal obstáculo para el desarrollo de la educación del país– resultaron absolutamente exageradas, porque pasaban por alto que la cuestión de fondo no era un solo personaje, sino la relación de dependencia de los maestros con el Presidente en turno.

Corporativismo, el problema

Así como el cambio de Jonguitud (Barrios) a Elba Esther no significó la modificación del pacto que subordina lo educativo a lo político-electoral, de la misma forma la enseñanza no cambiaría por el hecho de que ella ya no esté, porque el problema es el corporativismo, aseveró.

Para el sociólogo, el proceso judicial contra la ex dirigente no se trata de un acto de justicia en favor de los profesores, sino una estrategia del Partido Revolucionario Institucional para retomar el control del SNTE y enviar el mensaje de que no se puede llegar a acuerdos sobre la base del chantaje, la amenaza o la rebeldía.

Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, coincidió en que la caída de Gordillo no cambia nada, pues las estructuras básicas de las que ella formaba parte no han sido modificadas.

“El sindicato se había ido tomando cada vez más atribuciones, al grado de que el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación dijo en 2009 que su relación con la Secretaría de Educación Pública era ‘atípica’, porque parecía haber una codirección. Ahora el Presidente envía el mensaje de que el Estado recuperará la conducción del sistema”, explicó.