l inevitable tema de actualidad puede fácilmente banalizarse. Sea que se postule que el arresto de Elba Esther Gordillo sólo busca legitimar al presidente Peña Nieto; sea que se busque actos semejantes en el pasado. El golpe a la poderosa dirigente está imbricado en varios planos. La lucha contra la corrupción y la impunidad. El impulso a una reforma educativa en profundidad. El reclamo de democracia sindical, elecciones transparentes de dirigentes y no intervención del gobierno en los asuntos internos sindicales. En todos estos ámbitos tiene y tendrá impacto la detención de La Maestra.

La detención legal y con el debido proceso a símbolos escandalosos de corrupción e impunidad, es indispensable para dotar de credibilidad a la Comisión Anti-corrupción. La batalla por la reforma educativa apenas comienza y habrá que tener cuidado frente a las fuerzas que quieren desmantelar el SNTE –y todos los sindicatos que se puedan– y modificar el carácter laico de la educación pública. Ambas batallas podrían converger con un sindicato democrático y dirigencias auténticas.

Acotar los poderes fácticos. Empero su arresto parte del hilo conductor de la estrategia política del nuevo gobierno. Tanto en su discurso de toma de posesión como en el propio Pacto por México acotar a los poderes fácticos es el eje discursivo central de esta estrategia cuyo propósito explícito es restablecer la rectoría del Estado.

Aunque hoy la agenda de reformas debe partir de una pregunta: ¿cómo gobernar la pluralidad? Este tema está ligado desde luego a las características de la transición política que tiene muchas visiones e interpretaciones. La mía es que se trató de una transición que desembocó en un régimen precariamente provisional.

Decadencia administrada. Lo que ha ocurrido ha sido una consistente decadencia donde el centro político se desmadeja, acontece una emancipación gradual y discontinua tanto de entidades federativas como de franjas de la sociedad al tiempo que opera la colonización de espacios del aparato estatal o de territorio nacional por un sinúmero de poderes fácticos. Este régimen especial se ha sustentado en la idea de elecciones de tipo plebiscitarias donde cada uno de los tres partidos principales aspiraba a instaurar un gobierno mayoritario y monocolor. Aquí está el germen y la fuente de la parálisis. Además se ha tratado de un régimen altamente depredador enquistado en el centro de la distribución de los recursos públicos en forma de rentas y privilegios. Ha sido un régimen parasitario que privatiza excedentes y que lleva a una especie de decadencia administrada. La expresión contundente de esta decadencia es la profunda desigualdad y el deterioro laboral sobre todo de los jóvenes.

El tripié del poder autoritario requería un partido hegemónico y la primacía de las reglas informales para garantizar el poder metaconstitucional del presidente. Con un sistema competitivo de partidos se rompe por uno de los flancos el tripié autoritario, pero al no operar una completa transformación del régimen, es decir al no impulsar una reforma del Estado, lo que ocurre es la expansión –sin contrapesos– de los poderes fácticos.

Acotar a los poderes fácticos es indispensable para restablecer el poder del Estado. Esto se puede lograr en clave democrática o en clave autoritaria. Conviene en este contexto reflexionar sobre la democracia delegativa, concepto planteado por Guillermo O’Donnell: Una democracia no institucionalizada que se caracteriza por su limitado alcance y envergadura, la debilidad y baja intensidad de las instituciones políticas.

Pero el Pacto por México –con sus insuficiencias– también puede prefigurar otro camino: una alianza tripartidista –hoy precaria e insuficiente– que desemboque en una coalición de fuerzas capaz de impulsar una reforma del Estado. El combate a los poderes fácticos podría ser la llave maestra.

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