El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó cambiar a Mazatlán, Sinaloa, la residencia del juzgado federal que operaba en el complejo penitenciario de Islas Marías.

Después de varias semanas de inactividad en ese juzgado, debido a situaciones de inseguridad para los funcionarios judiciales que ahí operaban, ante la posibilidad de nuevos motines como el registrado el mes pasado, la Judicatura optó por trasladar al estado de Sinaloa las actividades jurisdiccionales relativas a los casos jurídicos y causas penales de los presos que habitan las Islas Marías.

En un comunicado la Judicatura destacó que este juzgado reanudará funciones a partir de hoy, primero de marzo.

Únicamente permanecerá en las islas una oficina de enlace y notificaciones del Poder Judicial, atendida por cuatro secretarios, ocho oficiales judiciales y un elemento de mantenimiento.

El CJF indicó que la condición de aislamiento geográfico de ese archipiélago y las restricciones administrativas que por razones de seguridad existen en cuanto al acceso, comunicaciones, habitación, alimentación y el traslado oportuno de personas y bienes han planteado multitud de contingencias, retrasos, obstáculos operativos e inconvenientes que han incidido de forma negativa en el funcionamiento normal del órgano jurisdiccional federal instalado en esa residencia.

Añadió que a lo anterior se suma el lamentable evento acontecido el 2 de febrero pasado, en el que un numeroso grupo de reos inconformes logró amotinarse contra las autoridades penitenciarias del citado centro de reclusión, no obstante los estrictos mecanismos y logística de seguridad con que se cuenta. Esta situación comprometió seriamente la seguridad del personal judicial federal que labora en esa residencia y motivó su traslado urgente al continente.

De esta forma, el juez Saúl Martínez Lira, 11 subordinados, y tres defensores públicos fueron retirados de las Islas Marías inmediatamente después del motín, aunque la Secretaría de Gobernación aseguró que su integridad física no estuvo en riesgo.

El CJF consideró que, además de los problemas logísticos y de seguridad, es urgente incrementar la plantilla laboral del juzgado, que solo de enero a septiembre de 2012 tuvo que tramitar 13 mil 62 exhortos de otros juzgados federales, incidentes de libertad anticipada, y demás asuntos relacionados con la población cada vez mayor del complejo penitenciario.

A partir del próximo mes sólo 13 empleados estarán en las islas, mientras que otros 27, incluido el juez, despacharán en Mazatlán, donde ahora el órgano se llamará juzgado octavo de distrito del centro auxiliar de la quinta región.

El juez Martínez tendrá que hacer visitas programadas a las Islas Marías para desahogo de audiencias y otras diligencias que requieran su presencia personal, y se desplegarán medios tecnológicos para enlace de videoconferencia entre la oficina de enlace, el juzgado en Mazatlán, y otros juzgados del resto del país.

La Judicatura indicó que esta medida resultará una alternativa benéfica también para las partes y autoridades cuyos abogados, defensores particulares o representantes residan en Mazatlán, o designen esa residencia en adelante como domicilio para ser notificados, ya que podrán imponerse de los autos y presentar también promociones en esa sede, salvando su continuo desplazamiento a las islas.