on población de casi 700 mil habitantes, la conurbación formada por Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec se encuentra bajo amenaza de desastre ambiental y destrucción patrimonial por parte de Esperanza Resources Corp., minera canadiense que intenta desarrollar en Tetlama una mina de tajo a cielo abierto para extracción de oro y plata mediante lixiviación, con uso masivo de cianuro, explosivos y aguas superficiales y profundas de Cuernavaca. Tras cinco años de exploración, el proyecto paradójicamente denominado Mina Esperanza ha determinado la existencia de un gramo de oro por tonelada de subsuelo de los cerros El Jumil y Colotepec, lo que forma un depósito disperso con potencial para producir un millón y medio de onzas de oro a la vuelta de 11 años de vida útil de la mina. El predio minero consta de 697 hectáreas y alberga tres polígonos de reserva arqueológica del INAH que suman 34 hectáreas; se encuentra además en colindancia con la zona arqueológica de Xochicalco, a 3 kilómetros de la mancha urbana y a 15 kilómetros en línea recta de la plaza central de Cuernavaca, por mencionar algunas zonas que caerían en la órbita de los impactos que generaría este nuevo saqueo.

La empresa anuncia desde Vancouver las enormes ventajas del proyecto: atractivo bajo costo de producción; fuerte apoyo comunitario al proyecto; acceso a infraestructura, materiales, mano de obra, agua y electricidad; además de un aeropuerto cercano que garantizaría la salida segura del oro y la plata para la última fase de refinación fuera de México. En síntesis, altísimas ganancias a un bajísimo costo. No es para menos: el oro que Esperanza Resources pretende extraer equivale, en volumen, a un pequeño cubo de 2.16 metros por lado con un peso de 41 toneladas y con un valor, a precio actual, de 2 mil 300 millones de dólares. A ello se sumaría el valor de 16 millones de onzas de plata, que a precio actual representa 512 millones de dólares. En menos de 12 años la trasnacional canadiense pretende extraer metales preciosos dispersos en el subsuelo morelense por un monto de al menos 2 mil 800 millones de dólares. En contraste, y de acuerdo con lo que declara la empresa, la operación de la Mina Esperanza tendría un costo de casi 127 millones de dólares, más 9 millones para supuesta mitigación de daños ambientales y financiamiento de relaciones con las comunidades [sic].

Las ganancias de este despojo tendrían su contraparte en la destrucción irreversible de 700 hectáreas de territorio, el envenenamiento o agotamiento de reservas hídricas de Morelos, la desaparición de recursos bióticos, daños permanentes a Xochicalco (Patrimonio de la Humanidad), destrucción de las relaciones sociales mediante la inducción empresarial de conflictos marcados por la violencia entre mexicanos, escasa generación de empleos temporales, contaminación y deterioro del medio ambiente de todo el valle de Cuernavaca, etcétera. Estos impactos no están considerados –ni podrían estarlo– en los costos de producción del oro, cuyos altos precios, en combinación con la técnica de tajo a cielo abierto y lixiviación con cianuro, hacen rentable la extracción de partículas de metal precioso dispersas en gigantescas extensiones. En la Mina Esperanza el uso de explosivos en cantidad hasta ahora no declarada serviría para destruir diariamente 57 mil toneladas de montaña y subsuelo, de las cuales 30 por ciento sería utilizado para formar una montaña de lixiviación que al término del proyecto cubriría 60 hectáreas con 22 millones de metros cúbicos de material saturado de cianuro. El otro 70 por ciento sería material de desecho que formaría cuatro montañas de cientos de millones de metros cúbicos, que en conjunto sepultarían más de 140 hectáreas y generarían, por ejemplo, migración de metales pesados y formación de drenajes ácidos.

De consumarse este ecocidio desaparecerá el cerro Colotepec y parte de El Jumil, pertenecientes al complejo paisajístico y arqueoastronómico de Xochicalco, además de 300 hectáreas de selvas bajas caducifolias. En su lugar quedarían dos tajos que ocuparían 60 hectáreas. No obstante ser este un asunto que involucra a todos los habitantes del valle de Cuernavaca, Esperanza Resources ha optado por la división y violencia al decir que la licencia social para su negocio depende de los ejidatarios de Tetlama y las autoridades de Temixco, a quienes lleva cinco años cooptando. Los ejidatarios se han convertido en golpeadores de la trasnacional a cambio de supuestos beneficios (desazolve de un pozo, restauración de la iglesia del pueblo y apoyo a fiestas patronales); el edil perredista de Temixco, Miguel Ángel Colín, muestra sus profundas limitaciones al afirmar que el proyecto cumple estándares internacionales, traicionando el compromiso del PRD nacional de apoyar la lucha contra el actual modelo extractivista.

Por su lado, el gobernador Graco Ramírez está decidido a no permitir la operación del proyecto, cuyos impactos adversos y permanentes, reconocidos en documentación de la empresa, deben ser más que suficientes para movilizar a la población del valle de Cuernavaca con el objetivo de expulsar del país a Esperanza Resources. Ramírez y el Congreso de Morelos pueden, de inicio, aprobar un decreto de ley de protección ambiental que prohíba los tajos a cielo abierto para extracción de metales preciosos en el estado de Morelos, y ubicarse con ello a la vanguardia en la defensa del patrimonio frente a la tragedia que representa este tipo de minería.

* Autor de Dolores antes de la Independencia, profesor de El Colegio de San Luis