La proliferación de las llamadas policías comunitarias en diversos estados será revisada con sumo cuidado por el gobierno federal, y prevalecerá el diálogo para allanar soluciones que satisfagan el interés de poblados y regiones indígenas en materia de seguridad y de desarrollo, sostuvo el comisionado nacional para los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.

Durante un encuentro con los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el funcionario solicitó a los legisladores ubicar en su real dimensión la problemática, porque es grave decir que no pasa nada o pretender generar sicosis entre la población. Reconoció que en Chiapas hay una historia larga de organización de policías comunitarias, pero la aparición de grupos en otras regiones del país con armas de alto poder merece un trato distinto al de los poblados que, organizados, norman la actividad de sus policías comunitarias, por que ellas se encargan de proveer seguridad a los habitantes de las regiones que se encargan de resguardar.

En el caso de Guerrero –señaló–, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, por medio de sus asambleas, nombra sus propios grupos de seguridad, los que no perciben sueldo, pero sí se encargan de garantizar la tranquilidad y el desarrollo de las relaciones sociales en sus lugares de origen.

Martínez Veloz señaló también que es preciso que el Congreso federal revise el marco jurídico en torno a la posibilidad de generar una ley de consulta que abarque todos los poblados indígenas del país, para que desde ésta se norme y se les provea de derechos y responsabilidades.

Revisemos sin escándalo lo que está pasando, cómo se organizan las comunidades. Es necesario hablar con ellas, que digan en qué está fallando el gobierno, porque el diálogo debe prevalecer por encima de cualquier acción de fuerza; no hay asunto que no podamos resolver por medio de éste.

Durante el encuentro, los diputados indígenas reconocieron en Martínez Veloz un interlocutor válido para remprender la resolución de los principales problemas que aquejan a millones de habitantes en el país. No obstante, se manifestaron preocupados de que las policías comunitarias surjan de forma tan espontánea.

En el caso del estado de Guerrero, dichas policías comunitarias surgieron en octubre de 1995, y ahí, en las regiones de la Costa Chica y La Montaña, los pueblos se organizaron para defenderse de los robos y de los abigeatos.

Juan Luis Martínez, del estado de Oaxaca, sostuvo que la aparición de las policías comunitarias es reflejo de un estado que no ha tenido capacidad para atender el problema de la seguridad, sobre todo por que la desigualdad es el cáncer que afecta esas regiones.

Erick Rivera trató de justificar el papel de dichas policías comunitarias en distintas regiones de la nación, porque si bien –dijo– en algunos sectores de la sociedad se piensa que son signos de debilidad del Estado, en otros la gente cree que es la única forma de defenderse. No obstante, consideró que estos grupos conllevan en su esencia un signo de gravedad:

“Así comenzó La Familia Michoacana, como una policía comunitaria, y ahorita quien la paga es el hermano estado de Michoacán. Debemos tomar ejemplos de lo que está pasando”.

Asimismo, el legislador Vicario Portillo también criticó la idea que en muchos sectores, sobre todo de opinión, se tiene sobre la policía comunitaria, porque en el estado de Guerrero –señaló– esos grupos han operado desde hace casi dos décadas y han garantizado la integridad de los habitantes de la zona de la Costa Chica y de La Montaña.

Con el grupo que surgió en Ayutla devienen las confusiones. La autodefensa surgió desde las propias comunidades y sus consejos, que son los que dictan y norman su actividad.