La detención de Elba Esther Gordillo Morales, lideresa de los maestros en el país, tomó por sorpresa a todos... principalmente a ella y a su familia.

Ninguna de las personas cercanas a la maestra tenían idea de que en la Procuraduría General de la República (PGR) había una investigación derivada de una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tan es así que hasta unos minutos antes de que ayer se iniciara la audiencia de declaración preparatoria, en el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales, la lideresa sindical y su hija menor, Maricruz Montelongo, designaron como abogados a dos penalistas integrantes del equipo de colaboradores cercanos al ex procurador Antonio Lozano Gracia.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia Gordillo, la tarde del pasado martes, mientras el procurador Jesús Murillo Karam informaba en conferencia de prensa sobre la detención de la profesora, su hija Maricruz realizó una serie de llamadas telefónicas a diversos despachos de abogados penalistas (entre ellos el que encabezan Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia, Fernando Gómez Mont y Alonso Aguilar Zínser, entre otros), a fin de buscar qué litigante estaría interesado en llevar la defensa legal de la lideresa magisterial. Incluso durante la mañana de ayer nada estaba decido.

Al juzgado sexto de distrito acudieron litigantes del despacho Araujo-Acosta-Riquelme, además de Arturo Germán Rangel y José Rigoberto González. Cinco minutos antes de que diera inicio la audiencia, la familia Gordillo optó por contratar los servicios de los abogados Rangel y González.

Durante su comparecencia ante un juez federal por la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, Elba Esther Gordillo nombró a ambos litigantes, de los cuales el de mayor perfil público es Arturo Germán Rangel.

Se trata del también ex fiscal del caso Colosio, durante la gestión de Antonio Lozano Gracia en la Procuraduría General de la República.

En aquella época surgió la teoría del ‘‘segundo tirador’’ en el asesinato del ex candidato presidencial priísta, y Rangel consignó a Othón Cortés como el responsable de participar en el crimen junto con Mario Aburto Martínez. Años más tarde, Cortés fue absuelto y demandó por daños y perjuicios a Rangel.

El ex funcionario salió de la PGR en 1996, pero volvió en 2009 como subprocurador de Delitos Federales, durante el periodo de Arturo Chávez al frente de la dependencia.

En este cargo permaneció hasta abril de 2010 y su salida ocurrió en medio de denuncias contra algunos de sus colaboradores en las unidades especiales, quienes fueron acusados de diversas irregularidades.