El sindicato minero presentó una demanda de amparo para pedir la protección de la justicia federal contra un fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que condenó al gremio a repartir poco más de 54 millones de dólares a miles de trabajadores que laboraron para la empresa Minera Cananea, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

En otro juicio, el primer tribunal unitario penal del Distrito Federal mandató cancelar la única orden de aprehensión que enfrenta actualmente Napoleón Gómez Urrutia por considerar que incumple con los lineamientos de una sentencia de amparo que se dictó en favor del líder minero desde el año pasado.

Según fuentes judiciales, el siguiente paso será que el expediente judicial sea enviado del primero al sexto tribunal unitario para que este último corrija los errores que cometió al emitir la orden de captura y proceda a su cancelación.

Respecto del amparo contra el laudo de la JFCA, el sindicato minero impugnó, mediante un juicio de amparo, la resolución en que la junta resolvió que se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana a hacer efectivo en favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de 54 millones 84 mil 470 dólares que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005, pagaderos en moneda de curso legal.

La demanda de amparo es la última herramienta de defensa jurídica con que cuenta el gremio, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, para combatir la resolución de la junta que se emitió tras siete años de litigio.

Se trata de un litigio que se inició tras varias demandas presentadas por unos cuarenta trabajadores que argumentaron que el sindicato nunca les entregó los recursos depositados para su beneficio por el consorcio Grupo México en un fideicomiso, mismos que controló el gremio a partir de marzo de 2005.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que el tema de los 54 millones deriva de un presunto manejo indebido de esos recursos, caso que ha llevado a acusaciones por fraude y lavado de dinero contra Gómez Urrutia.

Todas las imputaciones penales contra el líder minero se han ido desvaneciendo en los tribunales.

Según constancias judiciales consultadas, el fallo de la JFCA indica que se deberá abrir un incidente de liquidación para conocer el total afiliados de la sección 65 del sindicato minero que en 1990 laboraban en Cananea.

El origen de este asunto se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea –que estaba en suspensión de pagos– y se comprometió a dar al sindicato una participación accionaria de 5 por ciento.