Montevideo, 25 de febrero. Unas 3 mil personas se congregaron este lunes en esta capital para repudiar la decisión de la justicia uruguaya de declarar inconstitucional una ley que considera imprescriptibles los delitos de la dictadura (1973-1985), en el marco de un tenso debate sobre el futuro de la legislación sobre derechos humanos.

Fuertes aplausos que rompían el murmullo de los manifestantes fueron seguidos por la entonación del himno nacional, mientras una enorme bandera de Uruguay ondeaba en medio de la céntrica plaza, ubicada a metros de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde se concentró la manifestación.

Con el fallo sentimos desesperación y rabia. Todo junto. Así tengamos que salir al exterior a pelear, vamos a seguir hasta que haya verdad y justicia, manifestó a la Afp Aurora Rey, ex presa política, quien lleva un caso judicial de denuncia por torturas.

Estar acá es una manera de seguir caminado, de demostrar que no somos un pueblo paralítico, incapaz de caminar con piernas propias, que no estamos condenados a pensar con cabeza ajena y a sentir con corazón ajeno, que podemos por nuestra cuenta hacernos cargo de nuestra dignidad y defenderla, expresó a la Afp el escritor uruguayo Eduardo Galeano antes de marcharse de la concentración.

Galeano, autor del libro Las venas abiertas de América Latina y reconocido militante de izquierda, participó de la marcha, en la que se congregaron legisladores, ministros y autoridades del partido en el gobierno, el izquierdista Frente Amplio (FA).

La SCJ declaró inconstitucionales el viernes pasado dos artículos claves de una ley que permitía juzgar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-1983), lo cual llevó al restablecimiento de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio amnistía a los responsables de delitos de esa naturaleza.

La decisión de la SCJ generó tensión entre algunos poderes del Estado, pero no deja de ser parte del juego democrático, reconoció Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ.

Oxandarabat recordó que hace una semana, en un hecho inusitado para el país, un grupo de manifestantes ocupó la sede de la SCJ en protesta por la decisión tomada por el organismo de trasladar a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

Al malestar por el traslado de la magistrada se sumó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, al considerarlos crímenes de lesa humanidad, tras lo cual algunos sectores del FA no descartaron realizar un juicio político a la SCJ.

Este lunes, Lucía Topolansky, la senadora más votada del oficialismo y esposa del presidente José Mujica, dijo a la radio El Espectador que la resolución de la SCJ perjudica la imagen de Uruguay en el momento en que se transita por un proceso prolijo para desandar una situación (de violaciones a los derechos humanos) que ojalá nunca se hubiera dado.

Topolansky –quien participó en la manifestación– aseguró que el FA no está presionando a la SCJ, pero no descartó que en una eventual reforma constitucional se incluyan cambios en el sistema judicial uruguayo, cuya diseño de un solo tribunal supremo consideró obsoleto.

En respuesta a los planteamientos de la izquierda y ante la preocupante situación institucional que ha provocado, este lunes los ex presidentes Jorge Batlle (2000-2005), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000), todos de la oposición, emitieron una declaración que critica la postura del gobierno.

No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a la máxima autoridad judicial, señaló el texto.

Además, la proclama cuestionó que el traslado de una jueza desate una tormenta de ataques. Recordó que es inadmisible que se sigan despreciando dos consultas directas a la ciudadanía, en referencia a dos plebiscitos (en 1989 y 2009) que no lograron los votos suficientes para derogar la Ley de Caducidad de 1986, que limitó las investigaciones de los delitos cometidos en la dictadura, norma que la ley de 2011 ahora cuestionada buscó dejar sin efecto. Los tres ex presidentes alertaron sobre el retorno de actitudes antidemocráticas, que de no superarse arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse.

La norma declarada inconstitucional por la SCJ pretendía además cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2011 ordenó al país sudamericano investigar y juzgar esos delitos y eliminar de su jurisprudencia la ley de 1986.

La SCJ justificó su sentencia de inconstitucionalidad de la ley de 2011 diciendo que viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución.