Un descenso en la disposición de agua por persona en México –debajo del promedio mundial–, niveles de contaminación ambiental fuera de la norma, infraestructura insuficiente para el manejo de residuos peligrosos y esfuerzos atomizados en la gestión ambiental son los resultados de la evaluación de la Política Pública Ambiental que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre 2009 y 2011 la disponibilidad media anual del líquido decreció, en promedio anual, 3 por ciento en acuíferos y 8.7 por en cuencas, mientras de 1998 a 2011 el agua renovable per cápita cayó 2.7 por ciento en promedio anual. Este volumen, 3 mil 983 metros cúbicos, fue 80.4 por ciento inferior al promedio internacional, que fue de 20 mil 371 metros cúbicos; a pesar de esta situación, se otorgaron más concesiones de aprovechamiento.

Puntualiza que hay 176 acuíferos deficitarios, para los cuales se fijaron estrategias homogéneas, sin considerar la problemática particular de cada uno, pero, además, en 2011 en 98 de estos acuíferos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó concesiones por un volumen de 46.6 millones de metros cúbicos, lo que aumentó el déficit.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, a 2010, según el volumen de agua renovable para el periodo 1998-2030, el índice per cápita para el año 2030 se reducirá a 742.1 metros cúbicos, lo que significaría que el volumen de agua renovable por cada persona se reducirá más de seis veces, lo cual revela su trascendencia como un asunto de seguridad nacional.

En el análisis de la cuenta pública 2011, la ASF realizó una auditoría de desempeño a la Conagua sobre gestión integral de recursos hídricos para fiscalizar el manejo integral del agua y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y sobre la Política Pública Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En relación con la política ambiental, la ASF indica que de acuerdo con el análisis de resultados derivados de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 1989 a 2011 en materia de aire, a pesar de que su calidad ha mejorado en las principales ciudades del país y se han mitigado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, los niveles de contaminación siguen fuera de la norma, sobre todo el ozono en 16 ciudades, y la mitigación de GEI no ha logrado niveles que reduzcan las afectaciones a la población por la alteración climática.

Agrega que aunque en 2009 se diseñaron dos programas para prevenir y controlar la contaminación de suelos por residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos, para 2011 esta política no ha contribuido a la reducción de la afectación, ocasionando que 36.8 por ciento de los residuos peligrosos no se sometan a un proceso de aprovechamiento y tratamiento, y 63.8 por ciento de los residuos sólidos se envíen a basureros municipales, sin someterse a un proceso adecuado.

Sobre la biodiversidad refiere que el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas se orientó a incrementar el número de éstas, pero la ausencia de programas de manejo que regulen las actividades que se realizan en ellas y la insuficiente cobertura de vigilancia han restado eficacia a las acciones.

La ASF concluyó que en los pasados 25 años se han realizado esfuerzos para dotar del marco jurídico, institucional, programático y presupuestal las acciones para el sector ambiental, pero al desconcentrarse en múltiples normas, de orden técnico, administrativo y penal en lugar de fortalecer la coordinación de acciones y maximizar los recursos asignados, ha atomizado los esfuerzos realizados, en aras de atender de manera particular cada elemento que integra al ecosistema (agua, aire, suelo y biodiversidad).