n la última década, gobiernos de todo el mundo han colocado la mejora de la calidad educativa como una prioridad en sus agendas, con el objetivo de elevar el rendimiento de sus alumnos en las evaluaciones internacionales a efecto de insertarse en el nuevo paradigma educativo propuesto por diversos organismos y agencias a escala mundial, el cual busca incrementar la competitividad de las naciones para que éstas se incorporen al flujo mundial de intercambios de bienes y servicios
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Dichos organismos se han erigido en rectores paralelos de las políticas educativas globales, fijando sus propias reglas con base en las necesidades de los grandes capitales, y conminando a los sistemas educativos nacionales a ser evaluados conforme a sus directrices, lo que implica un proceso de estandarización de la educación. Este proceso ha convertido la educación en un bien económico que debe ajustarse a criterios de eficiencia y productividad, en perjuicio de los alumnos –no todos alcanzan los estándares que demandan las evaluaciones internacionales– y de los maestros –que se ven afectados en el ejercicio de su profesión–.
En el país, para tal fin, se pretenden establecer reformas con objetivos de corto plazo, y modificar tanto la currícula escolar como los métodos de enseñanza, teniendo como uno de sus fines escalar posiciones en las clasificaciones internacionales y que nuestros niños y jóvenes alcancen el estándar. Aunado a ello, se busca implementar dichas reformas, a través del consenso
entre algunos partidos políticos en el marco del llamado Pacto por México, sin haber consultado previamente a los principales actores implicados en el proceso educativo: maestros, padres de familia y académicos, entre otros.
Andy Hargreaves, ex asesor del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y actual académico del Boston College, señala que “el maestro es más poderoso que el ministro de educación (…) ya que cuando entra en su aula, tiene más influjo de lo que otros actores o elementos del sistema educativo pueden lograr”; no obstante, en las últimas cuatro décadas el Estado mexicano ha ignorado sistemáticamente a las escuelas normales, instituciones que forman a los nuevos profesores que construyen el patrimonio nacional a través de la educación que imparten a más de 25 millones de niños y jóvenes en todo el país.
En ese sentido, la UNAM en su documento Transformar el sistema educativo nacional: diez propuestas para diez años indica que, aunque la formación de docentes en el país es una obligación del Estado, con atribuciones divididas entre los gobiernos federal y estatales, como se define en los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, ésta es determinada por un plan de estudios nacional que desconoce los diversos contextos socioeconómicos y culturales del país, lo cual limita la posibilidad de realizar adecuaciones curriculares y organizativas para responder a las condiciones educativas de cada región
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Pese a que en 1996 se implementó el Programa para la Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, el informe de la UNAM subraya que persisten dificultades de coordinación del sistema, de vinculación con la educación superior y de tensión entre las atribuciones federales y estatales
, y hace énfasis en el desfase entre la reforma de sus planes de estudio y las reformas de la educación básica, las cuales no han coincidido en tiempo y forma
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El gran valor de la educación pública reside en su calidad de factor de movilidad social; y siendo facultad y obligación de la SEP formar a los nuevos maestros, no es justo culparlos por el estado actual que guarda la educación básica. En un absurdo, la SEP otorga un título a éstos, quienes han alcanzado los méritos suficientes, pero luego los reprueba cuando buscan ingresar como docentes.
La problemática de las normales es eminentemente académica, y pareciera que, en un acto de perversidad premeditada, el Estado hubiera determinado no preparar adecuadamente a los maestros para que éstos, a su vez, no puedan formar correctamente a los alumnos del sistema público, lo cual genera un círculo vicioso por el cual se administra la pobreza con fines políticos, y ahora hasta se busca generar un negocio a partir de esta crisis.
*Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia
