El Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones subejercieron (no gastaron) alrededor de 5 mil millones de pesos del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2012, señaló el diputado Saúl Téllez Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa (ALDF).

Subrayó que con esos recursos se podría construir una línea de Metrobús, duplicar los recursos del Instituto de Vivienda de la ciudad, ampliar los apoyos en materia de política social e invertir hasta 50 veces en el tema rural, que les hace falta a las delegaciones con suelo de conservación.

El legislador panista agregó que la ALDF aprobó en 2011 un monto de 138 mil millones de pesos para ejercer el año siguiente, pero 3.8 por ciento quedó sin aplicarse a través de sus 106 unidades ejecutoras.

En conferencia de prensa, señaló que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo tuvo un subejercicio de 228 millones de pesos; le sigue la Secretaría de Transportes y Vialidad con 209 millones de pesos, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Social no aplicó 108 millones de pesos y Obras y Servicios 98 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe programático presupuestal enero-diciembre 2012, de la Secretaría de Finanzas capitalina, las delegaciones con alto subejercicio son Tlalpan (19 por ciento), Miguel Hidalgo (12 por ciento) y Álvaro Obregón (11 por ciento).

El diputado abundó que el año pasado las delegaciones recibieron un presupuesto de aproximadamente 23 mil 400 millones de pesos y sólo ejercieron 21 mil 769 millones, es decir, el subejercicio fue de 7 por ciento.

Por otra parte, las entidades y órganos desconcentrados tenían presupuestados más de 30 mil millones de pesos para los 12 meses del 2012, y aplicaron 27 mil millones, es decir, dejaron de utilizar alrededor de 2 mil 600 millones de pesos, que significa 8.9 por ciento de subejercicio.

Destacó que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal tuvo el mayor subejercicio, con 598 millones de pesos; la coordinación de los centros de Transferencia Modal, 103 millones de pesos; el Instituto de Verificación Administrativa, 65 millones de pesos, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 33 millones de pesos.