San Luis Acatlán, Gro., 23 de febrero. El sistema de justicia que aglutina 108 pueblos indígenas y mestizos de 15 municipios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero superó hoy una de las más difíciles pruebas en sus 17 años de vida, al lograr elegir en asamblea general a los nuevos coordinadores de la casa de justicia de esta región sin caer en enfrentamientos ni dividirse, como se temía que ocurriera.

Los integrantes de la nueva coordinación ratificaron en conferencia de prensa posterior su compromiso de luchar contra la entrada de empresas mineras en territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y mantener a salvo la unidad y el derecho a ejercer su libre autodeterminación.

Rechazaron que la policía comunitaria se integre como auxiliar de la estatal, lo cual pretende el gobierno de Guerrero.

La asamblea en que se llevó a cabo la elección se inició con ominosas expectativas que, sin embargo, se despejaron conforme se desarrolló, luego de repetidas excitativas a salvar un proyecto de vida con justicia y dignidad para los pueblos, a no caer en la tentación de la violencia y actuar con respeto, que hicieron el sacerdote Mario Campos –uno de los fundadores de la CRAC-PC– y los párrocos de Buenavista, Antonio Merino, y de San Luis Acatlán, Leonardo Morales.

Fructificaron así las complejas negociaciones realizadas en días pasados en la ciudad de Tlapa entre los grupos de la CRAC-PC afines a los coordinadores salientes –el más cuestionado, Pablo Guzmán Hernández (mestizo)– y los adherentes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), liderada por los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio (mixtecos).

Mediaron en dicha negociación el cura Mario Campos y el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.

La Upoeg encabeza los levantamientos armados contra la delincuencia, protagonizados por hombres encapuchados, que se han producido desde el 6 de enero en la Costa Chica.

Además está negociando con el gobierno de Ángel Aguirre, con el aval del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, cobertura legal, equipamiento y entrenamiento a los integrantes de las brigadas de autodefensa y apoyos para el desarrollo de las comunidades que la integran.

Entre las causas de algunos de los más fuertes roces que hubo entre las citadas corrientes de la CRAC-PC está el deslinde que hizo la coordinación saliente, encabezada por Guzmán, respecto a la Upoeg, al señalar que las autodefensas de Ayutla no eran parte de la policía comunitaria, que sus integrantes no andan encapuchados, son electos por asambleas comunitarias y no entregan a los detenidos al Ministerio Público, sino los someten a un proceso de reducación.

Por la mañana trascendió que la coordinación saliente de la casa de justicia de San Luis Aca­tlán consideraba suspender la asamblea ante el reporte de que la Upoeg realizó un masivo traslado de militantes, muchos de ellos armados.

También armados llegaron, como es usual en las asambleas de la CRAC-PC, decenas de policías comunitarios. En total había unas mil personas.

Mientras en el auditorio del barrio de San Isidro se realizaba el registro de los participantes, a la vuelta, en la casa de justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores de la CRAC advirtieron al cura Campos que la presencia de gente armada proveniente de comunidades no pertenecientes a la policía comunitaria podría acarrear problemas.

Le dijeron que asistirían a la asamblea si él se hacía responsable de que la gente de la Upoeg no intervendría.

El presbítero salió a toda prisa, se reunió con los comisarios disidentes de la CRAC y afines a la Upoeg para pedirles cordura y acatar la negociación realizada en Tlapa.

Más tarde informó a la coordinadora que había un acuerdo para instalar la asamblea.

Poco después de las 11 de la mañana, Campos regresó junto con los coordinadores y comandantes, encabezados por Pablo Guzman, dando inicio a la asamblea, con el ex alcalde de Malinaltepec Apolonio Cruz Rosas, miembro de la Upoeg, como presidente de la mesa.

El punto único fue la designación de los cuatro coordinadores y cuatro comandantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

Fueron nombrados coordinadores Victorino García Ricardo (tlapaneco), Tiburcio Lorenzo (mixteco), Eliseo Villar Castillo (mestizo) y Adelaida Hernández (por equidad de género).

Finalmente, como comandantes regionales se designó a Paula Silva –por primera vez desde que se fundó la CRAC se nombra a una mujer en el cargo–, Miguel Morales (tlapanecos), Vicente González (mixteco) y Tomás Maceda (mestizo).