ien años del Ejército Mexicano nacido de las fuerzas revolucionarias. Y un siglo de la miserable traición de Victoriano Huerta, del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Tiempo de reivindicar la lealtad, de retomar y respetar el llamado de Venustiano Carranza a restablecer el orden constitucional violentado en las horas sangrientas de la decena trágica y la matanza de las tropas de Blanquet, cuyo arribo sirvió a Huerta para dar el golpe y simular legalidad amparado por el embajador Henry Lane Wilson y los señoritingos de notables diplomas que vieron matar a sus compañeros legisladores y sirvieron al usurpador.

Días para la efemérides, para congratularnos del mando civil del presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas. Es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo de la Unión disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente. Pero el Presidente no ejerce poder absoluto de mando: debe apegarse estrictamente a las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Horas estas para insistir en que Felipe Calderón Hinojosa hizo algo más que disponer de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado en defensa de la seguridad pública: instauró el estado de excepción de facto, sin consultar al Congreso, sin solicitar autorización para declarar suspensión de garantías individuales, sin apegarse estrictamente a lo que dictan las leyes.

Hay cuentas pendientes que no se resuelven con rechazar o condenar la torpeza de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Podrían ser 27 mil los desaparecidos, muchos de ellos víctimas de funcionarios del gobierno, de las policías o de las fuerzas armadas que una y otra vez pidieron al presidente Calderón formulara las iniciativas que les permitieran actuar en obediencia estricta al imperio de la ley. Lo imperdonable es que se informe de una supuesta base de datos integrada por la Procuraduría General de la República y, de inmediato, se oculte la fuente de la información, se niegue la existencia misma de esa base de datos. Los organismos defensores de los derechos humanos ya no necesitan hacer cuentas, sumar amargas denuncias y quejas de familiares de los desaparecidos. Lo dicho por la subsecretaria Lía Limón daría fe de una violencia genocida equiparable a la de Pinochet en Chile, y a la de los generalones de la guerra sucia en la Argentina.

Dijo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que se abocará a la tarea de investigar las miles de desapariciones, sin excluir las que se dieran o se hayan dado a partir del 1º de diciembre de 2013. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no ofreció milagros; aseguró: la PGR hará todo lo que está en nuestras manos para paliar un poco el dolor de los desaparecidos y sus familiares. Ambas cosas son obligación de los titulares de esas dependencias del Ejecutivo; dura tarea a la que tiene que seguir la localización de las víctimas y procurar justicia. Tanto Osorio Chong como Murillo Karam han actuado con discreción y eficacia hasta ahora. El enredo de las cifras y la base de datos genera confusión y revive la locura maniquea del complot en las alturas.

Lástima, porque ha sido firme el paso del recién instaurado gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque supieron navegar las turbias corrientes agitadas por los empeñados en la transición sin fin. En el Senado celebraron acto solemne de homenaje al Ejército Mexicano, al Ejército de la Revolución Mexicana. Y la efemérides tuvo el anticipo de un combate interno de panistas, del desconcierto y desconocimiento de las leyes orgánicas que rigen la vida interior del Senado. Alguien propuso que hablaran desde la tribuna del pleno el presidente Peña Nieto y el general secretario Salvador Cienfuegos. O simplemente aprovecharon la ocasión los senadores panistas que disputan los restos del naufragio, para poner en un brete a Ernesto Cordero y dar gran lanzada al moro muerto del cesarismo sexenal.

En el patio enorme de la nueva sede se izó la bandera nacional, se rindieron honores al jefe de Estado y de gobierno; pronunció un sobrio discurso el secretario de la Defensa; ahí habló como anfitrión del sistema plural que rige, Emilio Gamboa. Ya en el pleno, Ernesto Cordero, el líder panista, tomó la palabra. Intentó pronunciar un discurso político con rastros hechizos de un devenir histórico que le permitiera reivindicar al apóstol Madero y cantar loas a la guerra de Felipe Calderón. A nombre de la Cámara de Senadores entregó al secretario de la Defensa una charola de plata grabada con los nombres de todos los que ostentaron el cargo a lo largo de estos 100 años. Al darse lectura a la lista escuché el nombre del general Aureliano Blanquet, golpista al mando de Victoriano Huerta, señalado como el asesino de Madero. La sinrazón de Estado desenmascarada por la estulticia.

Cosas de la democracia, imperfecta felizmente. Pero también de la imperdonable ignorancia de solemnes solones atentos a sus pequeños pleitos, a su ausencia de visión de Estado. Al día siguiente del homenaje, el general Luis Garfias, retirado del Ejército, quien fuera legislador, diría en las páginas de La Jornada que es una vergüenza que los legisladores no conozcan su propio reglamento: El orador en la sala de plenos del Senado tenía que ser el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara y no el presidente del Senado. Que hablara o no el presidente Peña Nieto es una discusión bizantina. Es correcto que el general Salvador Cienfuegos hiciera uso de la palabra en el patio de la sede y no en la sala de plenos. Y añadiría el general Garfias que el centenario del Ejército debió celebrarse en Saltillo, que ahí en Coahuila emitió Venustiano Carranza el decreto para crearlo.

Los informes de la cuenta pública expusieron una incuria criminal y la corrupción que los panistas veían con toda claridad en el ojo ajeno del pasado, el de la hegemonía del PRI que se fue al tomar sana distancia Ernesto Zedillo y abrirse la caja de Pandora de la transición en presente continuo. Lo de la Torre del Bicentenario es la punta del iceberg. La corrupción se democratizó, abarca los tres órdenes de gobierno. La complicidad del capital privado siempre estuvo presente. Pero así como la alternancia hizo efectiva la división de poderes, exhibió la incapacidad panista de hacer política; el inesperado poder real de los gobernadores los hizo dueños de poder real en sus territorios y puso a su alcance el de la República entera: organizaron la Conago, y los del PRI supieron integrar una coalición capaz de hacerse de la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.

Enrique Peña Nieto asistió a la reunión de la Conago en Chihuahua. Presidente que asistió a las anteriores en su calidad de gobernador. La inseguridad que no cede y el legado de la corrupción ensombrecen el escenario del federalismo auténtico que ha de alentar y moderar las reformas de ley que permitan superar el yugo de la austeridad y liberar a Pemex de la expoliación fiscal. Escribe David Ibarra en El Universal de ayer sábado: Pemex aporta el 38 por ciento de los ingresos del gobierno federal; y presumimos de una gran estabilidad que sólo se explica por aceptar políticas de austeridad y bajo desarrollo durante más de treinta años.

Eso y los millones de mexicanos incorporados a la pobreza en los últimos dos años; de la desigualdad a la hambruna. Ese es el dilema que enfrentan los delegados del PRI en la asamblea nacional que viene y se va con los idus de marzo. Y abril es el mes más cruel.