l 19 de febrero de 2006 una explosión derrumbó un tramo de socavón en la explotación carbonífera de Pasta de Conchos, lo que causó la muerte de 65 mineros que se encontraban en el interior. En los días siguientes el Grupo México, propietario de la mina, y el gobierno de Vicente Fox, ocultaron y distorsionaron la información sobre lo que ocurría bajo la superficie terrestre, obstaculizaron intentos de mineros por rescatar a sus compañeros atrapados y, ante las críticas formuladas por el dirigente del sindicato del ramo, Napoleón Gómez Urrutia, emprendieron una persecución judicial en su contra que, hasta ahora, se ha exhibido como injustificada.
Desde entonces, el gobierno de Fox y el de su sucesor, Felipe Calderón, hicieron cuanto pudieron por encubrir lo que se ha ido revelando como un crimen industrial con complicidades en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): el consorcio propietario de la explotación omitió en repetidas ocasiones la observancia de las medidas de seguridad prescritas por esa dependencia federal, y ésta se abstuvo de obligar a la patronal a establecerlas. Por otra parte, una vez que fue evidente que las víctimas del accidente no podían estar con vida, Grupo México intentó dividir a los deudos y acallarlos con ofrecimientos de indemnizaciones ínfimas e indignas, y tanto la autoridad como la empresa se negaron a emprender, e incluso a permitir, el rescate de los cuerpos.
A siete años de la tragedia no se ha realizado una investigación seria para esclarecer y deslindar las responsabilidades en que pudieron incurrir los directivos de la empresa y los funcionarios públicos que solaparon su indolencia; los deudos de las víctimas siguen esperando justicia y las prácticas de riesgo extremado e innecesario siguen siendo comunes en la minería mexicana, impulsadas por la desmedida avaricia de los inversionistas y administradores y por la ineficacia y la falta de voluntad de las autoridades.
Si en verdad existe en el nuevo gobierno el propósito de tomar distancia con respecto a las políticas laborales del anterior, la revisión exhaustiva y justa de lo ocurrido en Pasta de Conchos, así como la reactivación de las pesquisas judiciales correspondientes, serían medidas obligadas para empezar a hacer realidad las promesas empeñadas e iniciar en ese punto la dignificación del trabajo de los mineros.
Más allá de la necesidad de hacer justicia en torno a la tragedia de esa mina coahuilense, se requiere de una política laboral que contribuya a reducir en forma significativa los peligros que afrontan día con día los trabajadores del sector extractivo y establezca condiciones de trabajo que se distingan de la explotación inicua. Porque entre la miseria, el sufrimiento y el peligro en el que se desenvuelven los mineros, y las fortunas que amasan y multiplican los consorcios mineros nacionales y extranjeros, hay un contraste tan desmesurado que convierte en letra muerta la legislación laboral, contribuye a la degradación moral y pone en cuestión la existencia de estado de derecho y de normalidad democrática en el país.
