nrique Peña Nieto no ha podido desenredar la madeja criminal que como herencia le dejó la administración federal anterior. A diferencia del desquiciamiento belicista que caracterizaba al comandante Calderón, el nuevo régimen ha proclamado la necesidad de desplazar el enfoque meramente represivo para plantear un escenario de prevención del delito, inversión para desarrollo social, coordinación con autoridades estatales y aligeramiento informativo que en algunos casos pretende constituir una verdadera mordaza en temas delictivos candentes. También ha sido evidente un esfuerzo por reducir la participación y guía del gobierno estadunidense en la crisis mexicana del narcotráfico y otras formas de delincuencia avanzada.

Una prueba calculadamente preparada para dar fe de esa política federal distinta se acaba de producir en Michoacán, que no solamente es la tierra natal del ex ocupante de Los Pinos Felipe Calderón, sino que, en función de esa oriundez, de proyectos políticos familiares (entre otros, quiso imponer a su hermana, Luisa María, apodada Cocoa, como gobernadora, y luego acabó instalándola como senadora) y de intereses empresariales contrapuestos (la plaza ha sido dominada por grupos regionales que han impedido la expansión de la fuerza sinaloense que sería sexenalmente consentida), sirvió de plataforma de lanzamiento a inicio de 2007 de lo que los mexicanos ni siquiera imaginaban, la terrible guerra contra el narcotráfico que ensangrentó al país, colapsó las instituciones y ha dejado consecuencias que tardará años o décadas superar.

Allí, en ese Michoacán marcado por el calderonismo y su guerra, la administración de Peña Nieto comenzó a desplegar su estrategia de seguridad, que en una primera fase contempla la instalación de mesas de coordinación de la Policía Federal con los gobiernos estatales. A diferencia del avasallamiento usualmente practicado por el calderonismo en toda la república, pero marcadamente en Michoacán, donde el último en enterarse de la llegada y acciones de la PF era el entonces gobernador Leonel Godoy, la idea del secretario de gobernación, Miguel Osorcio Chong, es compartir información y toma de decisiones con los gobernadores. Entrevistado por Carmen Aristegui el viernes recién pasado, el hidalguense decía abiertamente que en la anterior administración los gobernadores no eran tomados en cuenta por el poder central (fundamentalmente, según los panistas pinoleros, a causa de que esos gobernadores y sus policías estaban abiertamente entregados a determinado grupo delincuencial, por lo que preferían no avisarles de lo que sabían que de inmediato sería transmitido a los capos en vías de ser afectados).

Sin embargo, los hechos cotidianos muestran un escenario convulso y descontrolado, en el que podrían adivinarse presuntos ingredientes de provocación y reto provenientes de los intereses desplazados por las nuevas jefaturas nacionales, pero también la novatez, insuficiencia o compromisos en conflicto del equipo gobernante de tres colores y en particular de quienes se han encargado de las carteras de la gobernación nacional y de la procuración de justicia. Parte de la conformista aceptación nacional de la vuelta del PRI al poder mediante trampas sabidas o desconocidas (Mónex y Soriana fueron innovaciones) radicó en una especie de esperanza homeopática que suponía que la grave situación del desbordamiento de la delincuencia organizada sería atendida, negociada y atemperada con rapidez y maestría por quienes antes habían mantenido en bajo perfil esa criminalidad detonada durante el calderonismo.

Pero no ha habido tal cambio, ni siquiera en dosis mínimas que sugieran que se está frente a un proceso bien llevado. Pareciera incluso que en ciertos estados se ha reducido la capacidad de reacción de los gobiernos locales y que el federal estuviese aún en un paquidérmico proceso de reacomodo. A tal grado que el PAN ha emitido un comunicado en el que reprocha al peñismo la mala conducción del asunto de la delincuencia organizada y le da una especie de consejos para que enderece el rumbo, con un sentido crítico y correctivo que obviamente no tuvo frente a Calderón.

Ayer se conoció del ataque de una banda de personas armadas a decenas de universitarios en una fiesta en Cuernavaca, y el sábado el obispo de Colima marchó con unas 5 mil personas para hacer conciencia de lo que está pasando con tanta violencia y que ha cobrado vidas de sacerdotes, como también ha sucedido en Jalisco. En Tamaulipas, en tanto, se ha puesto precio a la cabeza de quien maneja en Facebook y en Twitter una cuenta denominada Valor por Tamaulipas que, como sucede en otros estados, se dedica a difundir información relacionada con asuntos de la delincuencia organizada para que los ciudadanos estén en alerta y eviten exponerse a riesgos. En ese contexto crece el número de policías comunitarias que son instaladas en reacción extrema de rechazo a la palabrería y los planes gubernamentales. ¿Qué está haciendo de verdad Peña Nieto para frenar toda esta violencia desbordada (este sábado jugó golf con Emilio Gamboa en el Country Club de Mérida, en una visita que lo llevó también a Cozumel y a Cancún, aquí para un foro turístico)? ¿Ni siquiera el PRI homeopático podrá frenar el cuadro de descomposición criminal que le heredaron pero que ya va consolidando como propio?

Astillas

Los Pinos se impuso a Jorge Hank Rhon y se respetó la cesión al beltronismo con Fernando Castro Trenti como candidato priísta a la gubernatura de Baja California. Sin embargo, aún no se sabe el costo ni el desenlace. Se habla en aquella parte peninsular de un acuerdo para que el dueño del Grupo Caliente se quede con dos postulaciones a presidencias municipales y a varias diputaciones locales. Reinstalado en el poder federal el espíritu de las concertaciones salinistas, hay incluso versiones de que el peñismo estuviera creando condiciones para negociar que el panismo pactista siga en el palacio de gobierno de Mexicali… Y, mientras Rafael Correa se declaraba ganador de un segundo periodo presidencial en Ecuador, ¡hasta mañana!

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