incuenta y dos millones de mexicanos sobreviven en la pobreza; a casi 12 millones de ellos no les alcanza el miserable ingreso para comer tres veces al día. La desigualdad en el país de las maravillas, donde un puñado es dueño de la riqueza, donde a duras penas se ha salvado de esa acumulación salvaje el producto de los fundos petroleros, el oro negro del crudo que suma 7 por ciento, o más, del PIB. Del ingreso fiscal, ni hablar.

Pero el hambre no espera al acuerdo en lo esencial de los firmantes del pacto. Poco o nada importa a quienes la padecen si la reforma energética precede a la hacendaria, si tiene tres pies el gato o estamos ante el sonsonete del ¿quieres que te lo cuente otra vez? En el año 2012, 11 mil mexicanos murieron de hambre, de males generados, producidos por desnutrición. De hambre. Hay hambruna en México. Datos que llevaron a Enrique Peña Nieto a decir que la pobreza extrema y la carencia alimentaria severa son verdaderamente lacerantes; que es aterrador, alarmante que en pleno tercer milenio mueran diariamente 30 mexicanos por desnutrición. Pero hay quienes proclaman que el gobierno ha decidido atender a las comunidades de pobreza extrema, rurales o urbanas, como un programa electorero.

Dio un vuelco el mundo de la globalidad y, además de Agustín Carstens y Ángel Gurría, hay académicos de eso que llaman izquierda razonable, así como integrantes de izquierdas presuntamente radicales, a quienes no mueve ni conmueve la caída meteórica del paradigma Reagan-Thatcher, la agonía de la Unión Europea, el suicidio de los que siguen al pie de la letra las instrucciones de austeridad a toda costa, del cero déficit fiscal. Todavía nos convocan a ser espectadores del consenso de Washington, de la desmemoria con la que han impuesto los intereses del mercado a los de la cosa pública; el beneficio privado por encima del bien común. De justicia social ni hablar. La cubre el fúnebre velo del discurso ambivalente del priato tardío. Y sin embargo, hay que invocarla. La política, arte de lo real y lo posible, es el tema central del debate.

El discurso tecnocrático, la imposición de dogmas neoconservadores, llevó a la demolición de las instituciones del poder constituido; arrastró al país a las crisis financieras, la multiplicación de la pobreza y la precariedad del gasto público. Al profundizar las desigualdades puso en peligro la visión de comunidad nacional; se impuso la enorme desconfianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Y nos arrastró a la imposición de la guerra contra el crimen organizado, como sucedáneo del mandato popular, por encima de los derechos individuales y sociales. A un desprecio deplorable por el Estado laico y la democracia representativa. Y ahora nos enteramos que los señores de la guerra perdieron las cuentas del número de muertos y desaparecidos.

Mientras Peña Nieto hacía el recuento de mexicanos en pobreza extrema, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informaba que de las cifras de muertos y desaparecidos durante los seis años de la administración anterior no hay nada oficial. El saldo preliminar es de 70 mil muertos en actos cometidos por grupos delictivos, en hechos vinculados con la delincuencia organizada: “Estamos hablando de unos 70 mil muertos; no hemos podido llegar a más porque no se cuenta con información, no tenemos un dato que nos permita decir ‘este es el oficial’, simplemente son cifras. Al final del gobierno pasado se dejó de llevar una contabilidad oficial.” Dato preliminar, al que habrá que añadir el número de desaparecidos, de cadáveres no identificados enterrados en fosas comunes, de los migrantes presas de la impunidad a su paso por México.

Cuando escuchamos decir que la reforma educativa se propone reivindicar la rectoría del Estado, hay que demandar que ese sea objetivo común de todas las acordadas por los firmantes del Pacto por México. Los que olvidaron llevar la cuenta de los muertos fingían indignación al proliferar los juicios de quienes llamaban al nuestro un Estado fallido. Hicieron todo lo posible. Llevaron al extremo la contienda de la extrema derecha y las izquierdas del ancho campo que incluye a los social demócratas, los laboristas, los liberales norteamericanos que sobreviven a las profecías de Goldwater, la alianza del gran capital con Ronald Reagan y el brote de libertarios de la edad de piedra, amparados por el mote patriotero del Tea party: menos gobierno, más iniciativa privada. O el retorno del capitalismo salvaje.

Libre flujo de capitales sin regulación alguna, proclamaron. Y vino el desastre del 99, recesión, desplome del mercado y la banca, sólo superado por la Gran Depresión. Ante las inminentes reformas hacendaria y energética, los dueños del dinero de nuestro corral, alzan la voz, gritan que la patria está en peligro, que ha vuelto el viejo autoritarismo y hay riesgo de que se imponga la rectoría estatal en la economía. Inquieta que la justificada desconfianza de las izquierdas se sume a la derecha demoledora del Estado mismo. No los tranquiliza la presencia anticipada de Peña Nieto en los países de la América nuestra; ni el comercio pactado con los del Pacífico Sur. La crisis que avizora el del catarrito, como la que agobia a la Unión Europea y a los Estados Unidos de América, no es crisis fiscal, es crisis de empleo.

Barack Obama logró relegirse. Duele más el cuero que la camisa. Y por eso, en México, los medios y las redes sociales fijaron la atención en la posibilidad de una reforma electoral. Pero estamos ante nuestra polémica reforma hacendaria, frente al reto de los dueños del dinero que rechazan todo aumento de impuestos, un auténtico impuesto progresivo sobre la renta, en el que paguen más los que más ganan. Y frente al dogma neoliberal del cero déficit fiscal. Fortalecido por el temor por el endeudamiento de estados y municipios, alentado por quienes no ven, no oyen, no hablan de la deuda pública federal. El mal de Europa y el mandato a Obama para gobernar cuatro años más, hicieron ineludible el vuelco: La reducción del déficit en sí mismo no es un plan económico, dijo Obama en su discurso sobre el estado de la Unión.

En sesión conjunta del Congreso, Obama hizo resonar el Capitolio: Una economía que crezca y sea capaz de crear buenos empleos para la clase media, debe ser el norte que guíe nuestros esfuerzos. Para eso es indispensable un Estado que trabaje para las mayorías y no para unos pocos, que aliente la libre empresa, premie la iniciativa individual y abra oportunidades para todos los niños a lo largo de esta gran nación (...) El pueblo estadunidense no espera que el Estado resuelva todos sus problemas. Pero espera de nosotros que pongamos los intereses de la nación por delante de los del partido.

Hay una frase en el discurso de Obama que debieran hacer suya los del pacto, en el que cada uno de los firmantes ha incluido propuestas y proyectos propios, viables, sujetos al acuerdo común. No podemos pedir que nuestros pensionados y familias trabajadoras carguen sobre sus hombros con la reducción del déficit, mientras no pidamos nada a los más ricos, a los más poderosos.

Visión de Estado para un programa de creación colectiva. Ahí podrían los pactantes conciliar nuestra urgencia de rehacer el acuerdo fundacional con la afirmación equilibrada de Obama: No se trata de hacer un Estado más grande sino más eficaz. Uno en el que los representantes, cuando menos, sepan contar.