Mazatlán, Sin., 16 de febrero. Octavio Atilano Román Tirado, representante de los seis pueblos de los municipios de Concordia y Mazatlán desplazados por la construcción de la presa Picachos, dijo hoy que los comuneros están dispuestos a que el gobierno del estado transparente los recursos entregados, en respuesta a lo planteado ayer por el gobernador Mario López Valdez.

El mandatario estatal propuso ayer revisar los recursos económicos que por concepto de indemnización han recibido los desplazados y, si se les ha pagado de más, solicitar que lo regresen. Dijo no compartir la idea de que la gente de Picachos se sienta afectada, pues han recibido más de 800 millones de pesos, 70 por ciento de lo que costó construir el embalse.

A raíz de las inundaciones, las familias de los seis pueblos no tienen terrenos para sembrar y no les quedó forma de subsistir, por lo que el gobierno de López Valdez se comprometió que en su primer año de gestión iba a erogar 76 millones de pesos, pero hasta el momento todo ha quedado en promesas.

En 2012 se comprometió a otorgar 26 millones de pesos, sin embargo, sólo aportó 330 mil pesos que se destinaron para la construcción de estanques de producción ictícola de tilapias, porque ahora los campesinos se dedican a la pesca, agregó.

Román Tirado consideró que la entrega de los recursos a las familias de los desplazados debe hacerse de forma transparente, aceptando el diálogo al que exhortó el gobernador, ya sea en oficinas del gobierno estatal o de los pueblos.

El líder del movimiento señaló que todos están dispuestos y puestos al diálogo para dejar atrás los dimes y diretes, y darle certidumbre a la sociedad de que las cosas que hace el gobierno del estado y los afectados de los pueblos se van a hacer bien.

Por otra parte, el subprocurador regional de justicia, Jesús Sánchez Solís, informó que el agente del ministerio público para delitos contra el narcomenudeo continúa integrando la averiguación previa contra 27 comuneros, detenidos el 10 de febrero por el cargo de posesión de narcóticos y arma de fuego, que supuestamente les fueron encontrados cuando pretendían manifestarse durante las fiestas de carnaval.

El funcionario dijo que el ministerio público no ha dado vista a la Procuraduría General de la República, ya que no hay ningún responsable de la droga y el arma no es de uso exclusivo del Ejército. Los inconformes fueron liberados sin acusación formal.