En 2011 en el país murieron 11 mil personas por causas asociadas a la desnutrición. Frente a ello, ‘‘atender la pobreza no es una opción, es una obligación ética y moral que tiene el gobierno de la República’’, señaló el presidente Enrique Peña Nieto al instalar la comisión intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el acto, la Secretaría de Hacienda anunció la incorporación 70 programas de diversas dependencias y de 294 mil 655 millones de pesos, susceptibles de sumarse a esta nueva estrategia.

Datos como el de la muerte por hambre y el de la existencia de 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema y carencia alimentaria severa, añadió Peña, son “verdaderamente lacerantes’’. Las padecen por igual habitantes de las zonas rurales y urbanas.

En Palacio Nacional –reunido con el gabinete legal y ampliado–, el titular del Ejecutivo insistió en definir los alcances de la cruzada: “No es una convocatoria a la sociedad en general a que aporte alimentos, víveres, para atender a esta población. Se trata de alinear, de hacer converger las acciones, los proyectos, las tareas de todas las dependencias del gobierno de la República, para que realmente focalicemos nuestra atención a los municipios y a las zonas de mayor pobreza y carencia alimentaria’’.

Convino en la existencia en el país de voces de duda e ignorancia sobre los alcances de este programa, “porque quizá aún no lo hemos explicado con la debida suficiencia’’. Insistió en los parámetros a partir de los cuales se definió el radio de acción de la cruzada en 400 municipios, “que, de acuerdo con cifras públicas de Coneval y el Inegi, nos dejan reconocer en éstos las condiciones de mayor pobreza y carencia alimentaria’’.

Entonces ejemplificó con dos municipios de Guerrero: Mártir de Cuilapan y Acapulco. En el primero, 80 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza y esto equivale a 10 mil personas.

En el segundo, su población en tales condiciones representa 11 por ciento, pero en términos relativos singifica 86 mil habitantes en pobreza extrema y carencia alimentaria.

En la reunión se expuso la necesidad romper los monopolios existentes en el sector agroalimentario, pues hay una gran concentración de unos cuantos en el renglón de granos.

De los 7.4 millones de pobres en el país, 3 millones presentan carencias en salud, educación y vivienda; hay 4 millones más que suman a las anteriores, la falta de seguridad social y servicios y 430 mil, además de las mencionadas, tampoco tienen acceso a la alimentación.

En ese contexto, Peña insistió en la prioridad de combatir tales condiciones de postración y aseveró: “Este gobierno estará en la prueba de actuar con mayor eficacia para revertir el escenario lacerante, lastimoso e inaceptable en que viven millones de mexicanos y centrará su atención en este objetivo. Y yo exijo de cada uno de ustedes, una puntual participación, un involucramiento directo’’.

No es un tema, arengó, para quedar en manos de funcionarios “de menor orden’’, pues además será una estrategia, “sujeta a una permanente evaluación’’, donde las dependencias involucradas cambiarán el acento de los programas específicos a su cargo, “que dejarán de ser sólo de carácter asistencialista para realmente hacer una mejor contribución a partir de nuevas reglas de operación’’.

Dependencias involucradas en el programa

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, informó la aportación de tropas, vehículos, maquinaria y materiales diversos para asistir a las comunidades vulnerables con el acopio, el transporte y la distribución de víveres, así como la instalación de cocinas comunitarias y el despliegue de brigadas médicas.

Enrique Martínez, titular de Agricultura, resumió: se redireccionan programas y presupuestos y en el contexto de la cruzada se destinarán 7 mil 410 millones para beneficiar a 1.2 millones de productores en siete programas y acciones prioritarias.

Emilio Chuayffet, titular de Educación Pública, mencionó como contribución a la estrategia, la ubicación de escuelas de tiempo completo en zonas de pobreza extrema, para garantizar alimentación; el inicio de una campaña de alfabetización como la emprendida hace 70 años por el presidente Manuel Ávila Camacho; elaborar una cartilla educativa para mejorar hábitos alimenticios y realizar, al inicio del año escolar, la evaluación médica de niños en los municipios prioritarios, entre otras.

Finalmente, Luis Videgaray, titular de Hacienda, además de la vigilancia sobre la aplicación de los recursos federales, comprometió simplificar reglas de operación de los bancos de alimentos, y trabajar en el desarrollo de distintos instrumentos “que permitan mayor estabilidad de los precios de los alimentos’’.