Al tiempo que continúan las deportaciones de migrantes –que en la administración del presidente Barack Obama rebasan ya el millón de personas– y se triplica el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, con énfasis en el fortalecimiento de la Patrulla Fronteriza, organizaciones de mexicanos en Estados Unidos propusieron 10 puntos para el debate de la reforma migratoria.

La Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, el Frente Unido de Inmigrantes, el Movimiento 10 de Marzo y la Organización Binacional Migrantes de Aztlán, entre otros, proponen que el debate migratorio, dirigido a la regularización de las personas indocumentadas, no se criminalice para que la inmigración se discuta en el contexto de la movilidad laboral y las condiciones de los países expulsores y receptores de la mano de obra migrante.

Piden que se den pasos para frenar la militarización de la frontera México-Estados Unidos, que cese el acoso a las comunidades fronterizas por parte de la Patrulla Fronteriza y que queden abolidas las leyes antiinmigrantes en cada estado, devolviendo al gobierno federal la rectoría de la política del sector.

Entre las propuestas también se incluye que se ponga fin a la polémica de considerar a la inmigración indocumentada como un tema de ilegalidad, para analizarla como un fenómeno del flujo de la fuerza laboral entre los países con mayor demanda de fuerza de trabajo y las necesidades de los países expulsores de mano de obra.

La reglamentación de la legalización debe ser realista con el más amplio beneficio para los que se encuentren indocumentados en el país en el momento de su promulgación, pues como está redactada actualmente los inmigrantes deberán cumplir con requerimientos tributarios, tener un buen carácter moral y estudiar inglés y civismo, entre otros requisitos.

Sugieren que el proceso de documentación de los trabajadores les garantice acceso a los servicios de salud que ofrece el programa del presidente Obama, derecho a la organización laboral y sindical, así como la protección de los derechos que garantiza la constitución de Estados Unidos.

Que los jóvenes estudiantes que han sido aprobados para la Acción Diferida soliciten la residencia permanente y que sus casos sean procesados inmediatamente.

Que los padres de hijos estadunidenses, que han cumplido 21 años automáticamente puedan solicitar la residencia permanente sin que tener que salir del país o solicitar un perdón.

Que las personas bajo el estatus de protección temporal puedan solicitar su residencia permanente de manera automática bajo el programa de legalización.

Las personas que deseen migrar a Estados Unidos después de esta reforma deberán solicitar trabajo desde su país de origen.

Estos trabajadores en cinco años de trabajo temporal podrán solicitar la residencia permanente con base su trabajo o condición familiar. La reforma a la ley de inmigración debe privilegiar el principio fundamental de la unidad familiar.