Si el gobierno federal aprueba solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico, aun cuando la normatividad está incompleta, se enfrentará a una denuncia de hechos que presentó Greenpeace ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La organización explicó en un comunicado que, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), para que se otorguen permisos de siembras comerciales las empresas deben presentar un reporte de resultados de las fases de siembra previas –experimental y piloto–, y las características de ese documento deberán ser establecidas por normas oficiales mexicanas, mismas que todavía no han sido emitidas.

Advirtió que, por tanto, los funcionarios de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que avalen las solicitudes para siembras comerciales incurrirían en un delito, que según el artículo 420 del Código Penal Federal será sancionado con penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3 mil días de salario mínimo.

La asesora legal de la organización, María Colín, detalló que la denuncia tiene un sentido disuasivo; estamos sentando un antecedente penal para que quien o quienes autoricen una siembra comercial de maíz transgénico reciban la sanción correspondiente. Si se siguen autorizando siembras a campo abierto sin apegarse al marco normativo de bioseguridad, los responsables tendrán que enfrentar un proceso penal; que lo sepan antes de firmar.

De acuerdo con manifestaciones de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat de la administración anterior, las empresas buscaron subsanar el vacío legal con reportes de resultados en formatos libres, lo que genera incertidumbre jurídica, además de que compromete los procedimientos legales, concretamente lo relativo al enfoque metodológico paso por paso, abundó Colín.

Hasta la fecha se han otorgado 195 permisos de siembra de maíz transgénico para las fases experimental y piloto sin un marco de bioseguridad completo. La anterior administración ya infringió la ley, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace.