Al presentar su programa de trabajo para este 2013, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, afirmó que no va a pasar la reforma al artículo uno de la Constitución, propuesta por el diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra, y adelantó que han preparado una agenda legislativa para evitar la discriminación en la generación de normas en el país.

En rueda de prensa, adelantó que la agenda del Conapred se centrará en cinco ejes: la inclusión a la seguridad social de las trabajadoras del hogar y los matrimonios de personas de un mismo sexo; de la población indígena y personas con discapacidad al sistema educativo; la eliminación de la xenofobia y de la discriminación contra los migrantes en México; la defensa de los derechos de los afrodescendientes en el país, y la inclusión en las políticas de desarrollo social del derecho a la no discriminación.

Para crear igualdad de oportunidades en el campo legal, indicó que ese consejo lleva a cabo un acercamiento con el Congreso de la Unión y los estatales donde aún no existen leyes para erradicar la discriminación, con la finalidad de que se aprueben normas excluyentes. Ilustró con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que si bien tiene una cláusula discriminatoria muy potente, no sucede lo mismo para el caso de las trabajadoras del hogar, cuya jornada de trabajo no se reconoce.

Por ello, dijo, se ha trabajado en un manual para legislar sin discriminación que incluye un análisis de 40 temas que comparan las leyes locales y federal, respecto a la internacional, y las sugerencias de donde se deben efectuar modificaciones, sobre todo por las diferencias que existen en los marcos normativos en las entidades federativas.

Respecto de la reforma al artículo uno constitucional, refirió: Me parece que por todo el diálogo que ha habido dentro del Congreso de la Unión, esta reforma no va a pasar, y lo que sí celebro de cualquier manera es que siga habiendo un debate sobre qué significan los derechos humanos y sobre las implicaciones de lo que dice el artículo uno constitucional.

Bucio destacó que no basta con legislar, pues persisten en el país raíces históricas muy arraigadas de discriminación económica, social, laboral y otras, pero también ha habido una falta de comprensión, en general, de las instituciones del Estado para proteger el derecho a la no discriminación, así como en los estados.

En ese contexto, refirió que en 2012 se abrieron más expedientes contra particulares por quejas, un total de 715, y contra las autoridades públicas 475.

Contra las autoridades públicas tenemos la posibilidad de emitir resoluciones por disposición que son vinculantes; eso tiene una fuerza mucho mayor que la que tienen los organismos de protección de derechos humanos.

Sin embargo, la ley le da la posibilidad al particular de que, si no quiere responder a la notificación puede hacerlo sin ningún problema.

Ante ello, indicó que ya existe una iniciativa de reforma para homologar el proceso y tener un solo procedimiento, a fin de tener la misma fuerza contra particulares que contra instituciones públicas.