La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley de Amparo, luego de amplia discusión de los partidos que –con excepción de PRI, PVEM y Panal– cuestionaron el alcance de la nueva disposición que niega a las empresas la suspensión provisional cuando ésta pretenda impedir u obstaculizar al Estado mexicano la utilización, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, hidrocarburos, aguas nacionales y minas.

De acuerdo con el PRI, con esta definición se acotará el poder de las televisoras, pero al mismo tiempo se facilitará la concesión del espectro radioeléctrico sin la oposición de las grandes empresas, debido a que si bien se podrá interponer un amparo, el acto reclamado sólo podrá resolverse cuando la justicia entre al fondo de la queja.

A pesar de las críticas a la ley, la reforma se aprobó con 434 votos de PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal en favor; 18 en contra, de PT y Movimiento Ciudadano (MC), y seis abstenciones.

Asimismo, y debido a que se adicionó que los casinos ya no podrán operar con suspensiones provisionales, la minuta se devolvió al Senado. Este agregado fue propuesto por la bancada del PAN, luego de que ex integrantes del gobierno de Felipe Calderón fueron señalados de litigar en favor de casas de apuestas.

Con diferentes argumentos, PAN, PRD, PT y MC presentaron reservas en la discusión del dictamen en lo particular, con la finalidad de suprimir el artículo 129 de la Ley de Amparo, el cual dispone que no procederá la suspensión provisional cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público definidos en el artículo 27 de la Constitución.

El panismo alegó que negar la suspensión contra concesiones del Estado lesionará a la iniciativa privada. Un sector del PRD dijo que no sólo se tronará a las empresas, sino que se afectará a comunidades cuando se concesione la explotación de acuíferos o minas en tierras ejidales; y PT y MC señalaron que aun cuando se busca acotar al duopolio televisivo, se hace por encima del estado de derecho.

“Podríamos ser las víctimas y los más ofendidos con las televisoras, pero aquí no votamos por vendetta”, sostuvo el coordinador de MC, Ricardo Monreal Ávila.

Las reservas presentadas en lo particular por PAN, PRD, PT y MC para suprimir fracciones o el artículo 129 en su totalidad fueron desechadas con los votos de PRI, PVEM y Panal.

Durante la defensa del dictamen, Luis González Roldán (Panal) afirmó que la figura del amparo se ha pervertido, porque al concederse ha protegido a los particulares más allá del interés general de la nación.

Por ejemplo, cuestionó, cómo se explica que operen casinos al amparo de una suspensión, o se sobrexploten los mantos acuíferos a pesar de que el gobierno intente frenarlo. Hay que decirlo directa y abiertamente: los alcances del amparo se han extralimitado. El poder del Estado se ha mermado paulatinamente ante los particulares, quienes astutamente abusan de ese recurso por los defectos del sistema normativo y jurisdiccional, afirmó.

La diputada Lilia Aguilar (PT) explicó que la reforma permitirá a los ciudadanos requerir la protección de la justicia cuando se demuestre el interés legítimo y no sólo el interés jurídico.

Más tarde, presentó una reserva –que fue desechada– para que se eliminara el segundo párrafo del artículo 129, el cual señala que de manera excepcional podrá concederse la suspensión si se considera que al negarla podría causarse un daño mayor al interés social.

Por su parte, Monreal abundó que mantener la negativa de la suspensión causará controversia, sobre todo porque son los poderes fácticos los que con frecuencia recurren al amparo para proteger sus intereses.

No obstante, expuso, también afectará a comunidades agrarias, indígenas, ejidos y al régimen de fraccionamientos, porque los actos de autoridad se ejecutarán en tanto se llega al fondo del amparo.

Pero mientras no se conceda la suspensión, tronarán económicamente las empresas. Y se están llevando entre las patas también a las comunidades más pobres del país. Hay presiones del gobierno porque se apruebe y de los poderes fácticos porque (el 129) no se apruebe, señaló.

En el PRD, las posturas de los diputados revelaron las diferencias surgidas sobre el dictamen. En tribuna, Alejandro Carbajal aseguró que con la Ley de Amparo el gobierno quiere estar protegido contra acciones para frenar sus reformas y concesiones.

En tanto, su compañero de bancada, Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la ley no fue hecha a modo ni para responder a intereses en lo particular, y reprochó que si bien puede haber posiciones muy respetadas de algunos de nuestros legisladores, el PRD se pronuncia a favor.