or mayoría de 434 votos en favor, 18 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la reforma a la Ley de Amparo, que estipula nuevos criterios y restricciones para la aplicación de ese instrumento jurídico. Horas después, y tras la discusión de las reservas promovidas por los principales partidos opositores –Acción Nacional y de la Revolución Democrática– y por una fracción del Partido Verde Ecologista de México, la legislación fue aprobada también en lo particular y enviada de vuelta al Senado de la República.

Significativamente, el rechazo que la citada ley generó la víspera entre organismos empresariales y algunas organizaciones de la sociedad civil –por los atropellos a las garantías individuales y a la libertad de empresa que la normativa pudiera permitir– se reprodujo ayer en San Lázaro, como quedó de manifiesto con los señalamientos críticos de las referidas fuerzas políticas. En un comunicado, la bancada del PAN en esa instancia legislativa lamentó la voluntad del gobierno y su partido de hacerse de herramientas que autoricen la conducta autoritaria que los mexicanos nos sacudimos hace 12 años. De su lado, el legislador perredista Alejandro Carbajal manifestó que dicha ley afecta el derecho de las comunidades a impugnar concesiones otorgadas por el gobierno, como sucedió en los casos de Wirikuta y San Xavier, amenazadas por los permisos de explotación minera concedidos a empresas trasnacionales.

En tal circunstancia, tanto más criticable que la cerrazón mostrada por el PRI ante los reclamos referidos es que las bancadas panista, perredista y verde dieran su visto bueno, durante la votación en lo general, a una ley que, según sus propios integrantes, constituye un intento de restaurar el Estado autoritario y afecta las garantías de particulares.

Tal circunstancia pone en perspectiva uno de los vicios más graves y recurrentes de los procesos legislativos en nuestro país: la aprobación, mediante negociaciones opacas y cupulares, de leyes consideradas perniciosas y nocivas para el conjunto de la sociedad, en las que las objeciones legislativas quedan excluidas de las votaciones en lo general y se dirimen mediante reservas a artículos en lo particular que terminan por ser desechadas.

Una dinámica muy similar pudo observarse durante el reciente proceso de discusión de la reforma laboral, en el que los legisladores del PAN formularon severas críticas ante la resistencia priísta de incorporar en esa legislación mecanismos relacionados con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos, pero al mismo tiempo decidieron apoyar dicho proyecto en lo general, tanto en San Lázaro como en el Senado. Con ello, el blanquiazul contribuyó a la aprobación de una legislación que lesiona los intereses de trabajadores y deja intactos los mecanismos de control opaco, verticalista y antidemocrático que históricamente han favorecido al charrismo sindical.

Ahora, como entonces, ante la falta de un rechazo contundente y terminante de los representantes populares a la generalidad de la reforma a la Ley de Amparo, las críticas formuladas por panistas y perredistas dan cuenta de una falta lamentable congruencia y es inevitable preguntarse si dicha actitud no se debe más bien a un cálculo electorero inconfesable: obtener beneficios políticos mediante la negociación cupular y el respaldo a legislaciones impugnadas sin asumir el costo electoral y mediático de dicho apoyo.