Una reforma fiscal efectiva deberá eliminar la grave percepción de injusticia que tiene el pagador de impuestos sobre un sistema tributario en el que la autoridad recaudadora parte de la creencia indiscriminada de que el causante puede ser un evasor, planteó Diana Bernal Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente. En conferencia de prensa previa a la presentación de su informe 2012 Estados de los derechos de los contribuyentes en México, la procuradora sostuvo que en el primer año de su gestión se detectaron situaciones reincidentes de prácticas de la autoridad recaudadora de impuestos, que afectan los derechos humanos de los causantes. La primera, puntualizó, es la inmovilización de cuentas bancarias, práctica que sigue aplicando la autoridad a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional. Otra es el rechazo de gastos estructurales para la operación de los giros empresariales; una más es la imposibilidad para deducir gastos y adquisiciones de determinados sectores comerciales, y la aplicación de un régimen fiscal inequitativo, en perjuicio de quienes disponen de su ahorro para el retiro. Durante el primer año de su gestión, dijo, se atendieron 134 casos de congelamiento de cuentas bancarias que tenían depósitos por 296.8 millones de pesos resueltos en favor de los pagadores de impuestos y en los que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), intervino para un rápido levantamiento del embargo.