Las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional, con las que se pretende aplicar una reforma al sistema educativo nacional, atenta contra tratados, pactos y convenios internacionales en materia de garantías individuales, al reducir derechos laborales a administrativos, afirmó Manuel Fuentes Muñiz, coordinador del equipo jurídico del magisterio disidente.

En entrevista con La Jornada, sostuvo que hay materia para que se otorgue un amparo a todos los trabajadores de la educación contra una enmienda constitucional que lesiona derechos básicos ya adquiridos.

Al aplicarse, advirtió, perderán toda posibilidad de una relación bilateral con su empleador, en este caso la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con ello no podrán hacer valer sus derechos reconocidos en el apartado B de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la inamovilidad en el empleo.

Magisterio sin protección

En los hechos, explicó Manuel Fuentes, se saca al magisterio de la protección del artículo 123 constitucional, para trasladar todo marco regulatorio de sus condiciones de trabajo al artículo tercero, es decir, será el Poder Ejecutivo, a través de la SEP, quien imponga de forma unilateral las condiciones de ingreso, permanencia y separación del servicio educativo.

Con la aprobación de esta reforma, agregó, se crea de forma velada un apartado C del artículo 123 constitucional, al trasladar toda regulación laboral de los trabajadores de la educación al artículo tercero constitucional, que fue desvirtuado desde 1980, cuando se reformó e incluyó las condiciones de ingreso y permanencia de los docentes universitarios.

Fuentes Muñiz, quien encabeza el equipo jurídico del Comité Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destacó que el magisterio disidente tiene la posibilidad de buscar la protección legal, pues sería un amparo por violaciones a tratados internacionales en materia de derechos humanos, que de acuerdo con nuestra Constitución son ley para toda la nación.

Agregó que las modificaciones a la Carta Magna aprobadas por el Congreso de la Unión en materia educativa son de profunda gravedad para todos los maestros, pues afectarán no sólo a quienes buscan ingresar al servicio docente, sino a aquellos que ya están en las aulas.

Debido a que sus derechos laborales se transforman en administrativos, especificó, no serán los tribunales laborales los que conozcan de sus recursos de apelación, sino los administrativos, como ocurre con los trabajadores universitarios.

Con ello, desaparece la bilateralidad con su empleador, aseguró. Carece de derechos frente al patrón y en ese ámbito uno de los efectos más graves es que desaparecen los privilegios colectivos, pues no podrán hacer uso de sus condiciones generales de trabajo para ser escuchados.

Esto conlleva, indicó, una afectación incluso a su representación sindical, pues no tendría facultades para revisar los temas relativos a la separación de su cargo, ya que las condiciones de su selección, contratación y permanencia se habrán convertido en una norma administrativa unilateral.

Con estas condiciones, afirmó, la reforma educativa es, incluso, más lesiva que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para los empleados de la educación, porque anula sus derechos laborales, al plantear una separación del cargo sin ninguna capacidad de defensa para el docente.