Oaxaca, Oax., 9 de febrero. Dieciséis organizaciones internacionales hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatal, así como a la compañía multinacional Mareña Renovables, para poner fin al uso de la violencia contra comunidades indígenas zapotecas y huaves opuestas a la construcción del parque eólico San Dionisio en la barra Santa Teresa.

En una carta expusieron que el proyecto ha provocado resistencia prolongada y enérgica de las comunidades indígenas porque se les ha impuesto.

Subrayaron que el conflicto social y los incidentes violentos ponen en tela de juicio el cumplimiento de las autoridades mexicanas y de Mareña Renovables con su responsabilidad de asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, según lo requerido por la legislación nacional e internacional.

Estas dudas, señalaron, se reforzaron con la decisión de un juez federal al otorgar un amparo temporal para detener la construcción del parque eólico, ya que éste representa una violación de los derechos a la tierra de la comunidad.

También manifestaron preocupación por los actos de agresión y amenazas de muerte contra los activistas y opositores al proyecto, entre ellos Isaúl Celaya, de la Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar; de Bettina Cruz Velásquez y Rodrigo Flores Peñaloza, de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio, así como de Juan Carlos Beas Torres, coordinador general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.

El acoso, mediante llamadas telefónicas anónimas y advertencias a través de terceros, tiene lugar en un contexto de difamación pública en algunos medios de comunicación locales que aumenta un clima de hostilidad contra los que sólo insisten en que la protesta es un derecho, no un delito, señalaron.

Destacaron que las comunidades zapotecas y huaves se quejan de no haber recibido información del posible impacto ambiental del proyecto y subrayaron que los otros parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, han afectado las condiciones de vida de las comunidades.

Entre las organizaciones firmantes están Global Exchange, Alliance for Global Justice, American Jewish World Service, Appleton Foundation y Campaign for Labor Rights.