La semana próxima el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, estado de México, llevará a cabo una audiencia para notificar el cierre de instrucción del proceso penal que se le sigue al ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado por el Ministerio Público Federal de ser presunto responsable de delincuencia organizada y delitos contra la salud, indicaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

El cierre de instrucción obligará a la Procuraduría General de la República (PGR) a notificar al juzgado si mantiene sus acusaciones contra el militar o deja que dicte sentencia sin que se hayan acreditado los señalamientos de los testigos protegidos que lo inculparon de haber recibido dinero o sostener reuniones para proteger sus operaciones, ya que dichos testimonios son el núcleo de la averiguación previa consignada y por lo cual se encuentran en prisión cuatro generales –contando a Ángeles Dauahare–, un teniente coronel y un mayor.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la falta de corroboración de las acusaciones realizadas por operadores del cártel Beltrán Leyva que posteriormente fueron convertidos en testigos protegidos, como ocurrió con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Sergio Barragán Villarreal, El Grande, abre la puerta para la exoneración del ex subsecretario Ángeles Dauahare.

La PGR inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez y mantuvo bajo arraigo durante 40 días a los generales Ángeles Dauahare; Roberto Dawe, ex comandante de la 20 Región Militar, con sede en Colima; Ricardo Escorcia Vargas, ex comandante de la 24 Región Militar, sistuada en Cuernavaca, Morelos, y al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, ex director de la Policía Ministerial de Sinaloa; así como al mayor Iván Reyna Múñoz, adscrito al Estado Mayor Presidencial.

Los militares fueron acusados de proteger el tránsito de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia que arribaban inicialmente al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, y luego a Cuernavaca, Morelos, y Culiacán, Sinaloa, para su posterior distribución a distintas ciudades de México o su envío a Estados Unidos.

El único de los acusados que formalmente ha solicitado que ya se le dicte sentencia en su caso –por considerar que no existen pruebas de su culpabilidad en la averiguación previa– ha sido el general Tomás Ángeles.