Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente ante las amenazas sufridas por activistas comunitarios que se oponen a la construcción de turbinas eólicas en los pueblos de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca.

En un comunicado, la organización con sede en Londres recordó que el pasado 2 de febrero la policía intentó disolver el campamento de protesta que se mantenía en la comunidad de Álvaro Obregón, con la cual bloqueaba una franja de tierra donde una empresa privada pretende construir 132 turbinas de viento.

Dicha operación, afirmó AI, se efectuó sin orden judicial y en aparente violación a un amparo emitido el 4 de diciembre de 2012, el cual ordenaba la suspensión de las obras y se negaba el acceso de la compañía al pueblo.

Tanto miembros de la comunidad como agentes de la policía dijeron haber sufrido heridas leves como consecuencia del choque, y desde entonces los uniformados han permanecido en la zona, lo que deja abierta la puerta a que de nuevo empleen fuerza excesiva para desalojar a quienes protestan.

Aparte, enfatizó, el 3 de febrero el líder comunitario Mariano López Gómez recibió una llamada telefónica amenazadora, cuyo autor podría ser un pistolero local, quien le advirtió al activista que deje de ir a Álvaro Obregón.

Además de lo anterior, AI recalcó que hay nuevos informes de amenazas contra Lucila Bettina Cruz Velázquez, beneficiaria de medidas cautelares dictadas en noviembre de 2011 por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca frente a las amenazas y los ataques sufridos a consecuencia de su labor de derechos humanos.

Por ello, AI exigió que el gobierno mexicano garantizar la seguridad de activistas amenazados, realizar una investigación imparcial y exhaustiva sobre los autores de los actos de intimidación y solicitar el permiso de comunidades para instalar turbinas eólicas, habiéndoles dado información sobre el impacto ecológico del proyecto.