Yo no quiero estar aquí en Navidad, por fa, no maté a nadie para estar encerrado, usted me ve hoy aquí sentado, pero me va a volver a ver las veces que sean necesarias porque lo único que quiero es regresar para reunirme con mis padres. Este es sólo uno de los testimonios de niños indocumentados que pasan por la frontera sur del país y que son detenidos en las estaciones migratorias.

Tan sólo en 2012 más de 6 mil menores fueron repatriados a sus países de origen en Centroamérica, 50 por ciento más que en 2011, lo que revela que la migración de niños y adolescentes no va a parar, la previsión es que vaya en aumento y es necesario que al pasar por territorio mexicano no se les vulnere sus derechos, expuso Lourdes Rosas Aguilar, coordinadora de investigación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (con sede en Tapachula, Chiapas) durante la presentación del informe Niñez detenida. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala.

El estudio se focalizó en la frontera entre México y Guatemala porque en ella se registra una presencia sostenida de dos tipos de flujo de menores migrantes: los que llegan para trabajar en Chiapas y los que transitan por ahí con el propósito de llegar a Estados Unidos para reunirse con sus padres. También porque en esa región se pueden observar con claridad los efectos que tiene la política de México sobre niños y adolescentes migrantes, pues se concentra un número importante de dispositivos de control migratorio.

Elaborado por dicha agrupación y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Argentina, el documento refiere que la política de detención y repatriación es la respuesta que el Estado da, por excelencia y casi con exclusividad, frente al fenómeno complejo, diverso y multidimensional de la migración de niños y adolescentes, lo cual repercute de manera negativa en derechos y garantías básicas.

Los investigadores concluyeron que entre las violaciones a garantías de esa población migrante están las repatriaciones y detenciones arbitrarias, inexistencia de programas que aseguren asuntos elementales como el debido proceso, restricciones al derecho de asilo, deficiencias de la protección consular, falta de mecanismos eficaces de atención integral a víctimas de delito y ausencia de iniciativas que permitan la reunificación familiar en Estados Unidos.

Lo que hemos visto en la investigación es que las respuestas del Estado están muy determinadas por el control migratorio y la cuestión de protección de infancia tiene un rol secundario. La respuesta inmediata es la detención en la estación migratoria, lo que no es adecuado. Hay que repensar la estrategia, apuntó Pablo Ceriani, coordinador del Programa de Migración y Asilo de la universidad argentina.

La investigación identifica 10 problemas sobre políticas de migración e infancia en México, como son la serie de contradicciones en que incurre la política en la materia, al reconocer los derechos de indocumentados y legitimar, al mismo tiempo, un trato que vulnera sus derechos.

Asimismo, se refiere al pendiente de cimentar una política basada en el principio de protección integral de la Convención sobre los Derechos del Niño; las respuestas homogéneas en la mayoría de los casos, las cuales invisibilizan las vulnerabilidades de cada asunto, y a la grave y generalizada falta de información cuantitativa y cualitativa sobre los menores de edad migrantes, que obstruye el diseño de políticas públicas integrales, entre otras.

Karla Gallo, de la Oficina Nacional de Protección Unicef México, señaló que es necesario un giro radical en la materia y llamó a crear lineamientos a escala regional y con enfoque de derechos para atender a la niñez migrante.