Pasaron casi cuatro meses para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera la razón al joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez y quedara completamente libre de los cargos de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por los que había sido sentenciado a 42 años de prisión por la justicia del estado de México.

El asunto llamó la atención de los ministros porque resumía lo que es un proceso judicial ilegal, en el que quedaba en evidencia la criminalización de la pobreza y la discriminación que sufren las personas por su condición económica y origen étnico.

Cuando concedieron el primer amparo contra el delito de secuestro, advirtieron que no existía justificación para que la responsabilidad penal de una persona se encuentre sustentada en pruebas insuficientes y adquiridas de manera contraria a derecho. Con la obtención de pruebas ilícitas, señalaron, se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y se vició todo el procedimiento, porque su presencia objetiva y sus consecuencias condujeron indebidamente a tener por acreditada la plena responsabilidad penal de Sánchez Ramírez por secuestro.

A pesar de que ambos delitos formaban parte de una misma acusación, los ministros sólo concedieron la libertad por plagio. Días después Sánchez Ramírez quedó en libertad, en razón de que los cinco años que llevaba preso le valieron para compurgar la pena por portación de arma.