Los responsables de la explosión en el edificio B-2 de Pemex, que provocó la muerte a 37 trabajadores, son los integrantes de la ‘‘comisión mixta de seguridad e higiene industrial’’, cuya negligencia provocó la tragedia, de la cual forman parte tanto el sindicato petrolero como funcionarios de la Subdirección de Recursos Humanos y Laborales de la paraestatal.

‘‘Ninguna obra de mantenimiento, o de servicio, se lleva a cabo sin que pase por esta comisión’’; además, la misma se reúne dos veces al mes para evaluar las condiciones de seguridad del edificio y ‘‘ni los representantes sindicales ni los de la paraestatal alertaron de la situación de inseguridad que se registraba en el sótano, de las condiciones en que se daban las obras de mantenimiento’’, sostuvieron el coordinador del Frente Nacional Petrolero, Jorge Fuentes, y Juan Evaristo Vilchis, integrante de esta organización.

Señalaron que la corrupción, el excesivo contratismo, la opacidad en la asignación de contratos y otros vicios están llevando a la paraestatal a constantes muertes de trabajadores.

Para este gremio, diversas instalaciones de Pemex son una verdadera ‘‘bomba de tiempo’’, principalmente porque las comisiones mixtas no están operando, pues no hay una verdadera vigilancia por parte del sindicato de esta situación y el número de trabajadores contratistas está alcanzando casi 50 por ciento del total del personal.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha convertido en un administrador de contratos de personal, porque muchas de las actividades que antes realizaban los empleados de base ahora están a cargo de empresas privadas, cuyo otorgamiento de contratos no se licita, dijeron.

Empresas privadas –incluso de capital extranjero– se están comiendo la materia de trabajo de los petroleros con la anuencia del sindicato. Además, muchos de los empleados que introducen estas compañías privadas a las instalaciones de la paraestatal no cuentan con la preparación debida para estas tareas y se están metiendo en áreas en que se requieren trabajadores altamente especializados, mientras que a los sindicalizados los están haciendo a un lado, indicaron los representantes de esta organización opositora.

Hay contratistas en prácticamente todas las instalaciones y se calcula que, además de los casi 100 mil trabajadores que tiene la empresa en todo el país, hay otros 50 mil laborando por parte de las empresas privadas. Lo grave es que en cualquier momento puede suceder otro accidente por falta de mantenimiento, problemas de seguridad, o porque simplemente dichas empresas contratan a personal barato, indicaron en entrevista.

También plantearon que incluso dirigentes del STPRM ‘‘son dueños de varias empresas contratistas y ellos mismos se otorgan los millonarios convenios de servicios, por lo que hacen un negocio millonario y redondo para sus bolsillos y son los que perpetúan la corrupción’’. En este sentido, comentaron que curiosamente en el área donde ocurrió el accidente había archivos de la empresa, los cuales con la explosión se perdieron, y agregaron que los responsables del estallido ‘‘tienen nombre y apellido y están en el directorio de la comisión mixta de seguridad e higiene’’.

Vilchis explicó que en accidentes como el ocurrido en San Martín Texmelucan, en 2010, donde la población se vio gravemente afectada por la fuga de petróleo, ya que se incendiaron viviendas, comercios, hubo varios muertos y un daño ecológico de gran magnitud, a dos años de haberse registrado no se ha emitido el dictamen oficial.

Según el Frente Nacional Petrolero, a todas las irregularidades denunciadas en Pemex se suma el que no hay libertad sindical ni rendición de cuentas sobre los millones de pesos que mensualmente recibe este gremio por concepto de cuotas, ya que a los trabajadores de la paraestatal les descuentan por este concepto 2 por ciento del salario ordinario.