La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprendió una acción colectiva contra Telcel ante autoridades judiciales por la suspensión de servicio ocurrida el fin de semana antepasado y firmará un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar los mecanismos de medición del fluido eléctrico para evitar que continúen los abusos contra los consumidores en el cobro del servicio, anunció Humberto Benítez Treviño, titular de la dependencia.

El funcionario informó además que a la fecha 7 mil 500 de las 9 mil 500 gasolineras que operan en el país ya cumplieron con la norma oficial mexicana (NOM) 185 que las obliga a instalar un software especial en las bombas de gasolina para evitar que cobren litros incompletos, otras mil ya adquirieron el equipo, pero no lo han comunicado a Profeco y el millar restante no lo ha hecho.

Benítez Treviño explicó que independientemente de la compensación de 20 pesos que anunció Telcel a sus clientes para resarcirlos del problema que registró su red durante el último fin de semana de enero, Profeco interpondrá por primera vez una acción colectiva desde que la legislación al respecto fue modificada el año pasado.

El objetivo es el resarcimiento del daño causado. Vamos a ver el impacto del perjuicio causado y en consecuencia emitiremos una resolución, advirtió el procurador en una conferencia de prensa por la mañana.

Horas después, Telcel informó que no ha recibido notificación alguna del procedimiento legal iniciado por Profeco en su contra. Aseguró que en cuanto tenga conocimiento oficial del caso le dará seguimiento y, según sus voceros, estaremos muy atentos a la inquietudes de la autoridad porque nos interesa mucho.

En torno a las acciones que emprenderá Profeco con el fin de abatir el número de quejas contra CFE, la cual que mantiene el primer lugar de las inconformidades que los consumidores presentan en esa dependencia, Benítez Treviño anunció que a más tardar en 15 días firmará un convenio con su titular, Francisco Rojas Gutiérrez, para fijar mecanismos de protección inmediata a los derechos de los consumidores de la luz.

El propósito es que se revisen las quejas; se tomen las medidas porque no tenemos un mecanismo, ni aparatos de medición, dijo el procurador.