La Secretaría de Gobernación (SG) aseguró al consejo político del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros que sus integrantes serán incorporados a los consejos consultivos del Pacto por México y de la Cruzada contra el Hambre. Además agilizará los procesos de liberación de los presos del movimiento campesino, entre ellos Francisco Jiménez Pablo, y fijará las fechas de las reuniones con los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Economía.

En conferencia de prensa, Rocío Miranda, Eduardo Navarro Padilla y Juan Carlos Hernández Valentín, integrantes del consejo político, especificaron que se llevarán a cabo reuniones bimestrales con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, a quien entregarán su propuesta para el campo para que sea incorporada al Plan Nacional de Desarrollo. Estamos abiertos al diálogo, sin que ello cancele nuestro derecho como ciudadanos a manifestarnos, asentaron.

Comentaron que activarán mecanismos legislativos, jurídicos e incluso recurrirán a instrumentos internacionales firmados por el gobierno para impedir que se imponga el IVA a alimentos y medicinas; consideraron que con ello el gobierno caerá en una incongruencia en la lucha que comenzó contra el hambre.

“Hacer de la política fiscal la parte medular para atender al sector social –imponiendo el IVA al consumo de alimentos y medicamentos– es seguirle pegando a los más desprotegidos”, dijo Rocío Miranda. Expuso que los campesinos e indígenas requieren un cambio en la política para el sector rural y que la Secretaría de Agricultura incorpore más programas de producción de alimentos básicos y se establezca un presupuesto quinquenal para dicho sector productivo.

Comentaron que tras la Marcha de los más desprotegidos –que se llevó a cabo el 31 de enero en la ciudad de México–, los representantes de las 14 agrupaciones que conforman el Conorp sostuvieron un encuentro con Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, quien les aseguró que hay apertura a la interlocusión con las organizaciones de la sociedad civil y, en especial, con Conorp.

“No somos ingenuos, sabemos que al inicio de cada administración se abre un diálogo y después se queda en el olvido. Ahora esperamos hechos y no sólo buenas intenciones. Por ello esperamos que se agilice la liberación de presos políticos de las organizaciones campesinas y cancelen los proyectos de minerías e hidroeléctricas en Olintla y otros municipios de la zona norte de Puebla.