En vísperas de la discusión sobre los dictámenes acerca de los informes de gastos de la campaña presidencial que involucran una multa a la coalición de izquierda por 129 millones de pesos, los partidos coaligados –de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano– plantearon a los consejeros la devolución de los expedientes a la Unidad de Fiscalización. La finalidad: revisar los criterios aplicables en el prorrateo de gastos para que sean equitativos con los casos del Revolucionario Institucional (PRI)-Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento Progresista.

Al ofrecer una rueda de prensa al término del encuentro, subrayaron que la Unidad de Fiscalización aplicó una asignación del gasto tendiente a encubrir las erogaciones excesivas del ahora presidente, Enrique Peña Nieto, intentando evitar el rebase de topes de gastos de campaña; subestimó sus costos, al punto de que resultan inverosímiles y, en el caso de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, impidió prorratear con los criterios solicitados por el partido, alentando el resultado de rebase.

De aplicarse el prorrateo solicitado por el entonces Movimiento Progresista, dijo el secretario de finanzas del PRD, Javier Garza, el gasto de López Obrador hubiera sido de 295.9 millones de pesos y no los 398 millones que reporta la Unidad de Fiscalización en su dictamen. En la rueda de prensa aseguraron que mientras la unidad subsanó los gastos no reportados de Peña Nieto con criterios favorables, en su caso no se les permitió aplicar los criterios de prorrateo que la coalición de izquierda entregó previamente.

Encabezados por Jesús Zambrano, ratificaron su demanda de remover a Alfredo Cristalinas de la Unidad de Fiscalización y expusieron varios ejemplos de la parcialidad de esa instancia con subestimaciones evidentes de los costos:

De 47 actos a los que asistieron auditores de la Unidad de Fiscalización, se estimó un costo de 28.5 millones de pesos, de los cuales sólo 1.8 millones –6.5 por ciento, se cargó al gasto de Peña Nieto–, incluidos cuatro cierres de campaña del entonces aspirante presidencial.

Uno de los cierres fue en el estadio Azteca, cuyo arrendamiento se fijó en sólo 99 mil pesos y, con una asistencia de 80 mil personas, el costo del acto fue de 4.6 millones de pesos, de los cuales sólo 46 mil fueron al candidato, dijo Garza. En ese acto se acredita que el costo de la Banda el Recodo fue de 122 mil pesos: ni el traslado de los músicos y el equipo de Culiacán a México.

Explicó que otro acto fue realizado en el Auditorio Nacional e implicó un gasto por arrendamiento de 16 mil 500 pesos y un pago por el sonido de 4 mil 902 pesos; costos similares de arrendamiento tuvo el PRI en la Expo Guadalajara y del Centro de Convenciones Bancomer Santa Fe (16 mil 500 en los 2 casos, aunque en total el costo de los actos fueron de 37 mil y 92 mil pesos) y no reportó gasto de la renta de la Arena Monterrey. Garza dijo que era evidente la subestimación de los recursos erogados por el PRI y que validó la Unidad de Fiscalización.

Señalaron que del caso Monex, de los 50 millones acreditados de gasto electoral, sólo 3.9 millones de pesos fueron a la campaña de Peña y en ningún caso se prorrateo a Tabasco y estado de México, donde se denunció su distribución.

Expusieron diferencias en la adjudicación de costos a Peña Nieto y López Obrador de espectaculares y productos genéricos de campaña. Por ello, demandaron que los consejeros no avalen los criterios utilizados y se devuelvan a la Unidad de Fiscalización para su revisión en conjunto con los gastos de campaña de senadores y diputados, en junio próximo y se puedan corregir estas barbaridades, afirmó Zambrano.