Como parte de los acuerdos entre partidos en el Pacto por México, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta tarde, sin cambios, la minuta del Senado con la nueva la Ley de Amparo, que permitirá a ciudadanos solicitar la protección de la justicia no sólo contra actos de autoridad sino también de particulares, y permite que las declaraciones de inconstitucionalidad que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan efecto general, no sólo para quienes interpongan un recurso.

La intención de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) es que la minuta –aprobada en el Senado desde octubre de 2011– pase sin modificaciones en la comisión que fue citada a las seis de la tarde de hoy, para que de inmediato se presente a debate en la sesión ordinaria de mañana, donde se avale y se envíe al Ejecutivo para su publicación.

La nueva ley, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, tendrá como efecto que quienes soliciten un amparo no estén obligados a comprobar el interés jurídico, sino basta con que se acredite el interés legítimo.

Según el espíritu con que fue votada en el Senado, la citada ley modifica el concepto tradicional de amparo, que garantiza su procedencia contra actos que atenten contra la vida, la libertad personal, contra desapariciones forzadas y destierros, la violación de derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino en tratados internacionales.

La reforma, no obstante, mantiene la protección de la propiedad agraria, al preservar el principio de conceder la suspensión de oficio, cuando se trate de actos que tengan por objetivo privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos a los núcleos de población ejidal o comunal.

Entre los cambios incluidos en la ley está el artículo 9 bis, para imponer que el Congreso o el Ejecutivo pueden solicitar a la Suprema Corte de Justicia que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sean resueltas con carácter prioritario, cuando exista urgencia de atender el interés social o el orden público.

Tal disposición pretende conceder la protección de la ley a grupos vulnerables en materia de competencia económica, monopolios o libre concurrencia, así como prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.

La reforma fue impulsada en el Senado por legisladores del PRI que ahora ocupan cargos en el gobierno federal.

Durante las discusiones de la ley, el entonces presidente de la Comisión de Gobernación y actual procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, definió que la reforma volvería a colocar al amparo a la vanguardia internacional de protección de garantías.

En el mismo sentido, el actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que en medio de las tentaciones autoritarias y la intención del gobierno de Felipe Calderón de avanzar hacia un Estado policiaco que limita garantías para detener la violencia y la inseguridad, el Senado enviaba un mensaje claro al aprobar una legislación profundamente garantista.