Los municipios contarán con subsidios federales para liquidar a los policías que no pasaron los exámenes de control de confianza y que por diversas causas permanecen en activo.

Alcaldes e incluso gobernadores han argumentado que no cuentan con recursos necesarios para concluir la depuración en sus corporaciones; sin embargo, este año será obligatorio sacar de sus filas o reubicar en otras actividades a quienes no cumplan con los requisitos para estar en funciones de seguridad y/o procuración de justicia.

Fuentes consultadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) calculan que en el país habría poco más de 40 mil trabajadores del sector de seguridad y de justicia reprobados en las evaluaciones en cuestión.

De estos, según cálculos preliminares de especialistas del SNSP, unos 12 mil podrían representar elementos de riesgo; es decir, con posibles vínculos con los delincuentes o involucrados en casos de corrupción.

Las fuentes consultadas indicaron que debe haber un fondo para liquidar personal porque no necesariamente se trata de agentes corruptos, sino que no cumplieran los requisitos físicos o académicos para el cargo.

Este 15 de febrero deberán estar listos los lineamientos de los subsidios federales en materia de seguridad, que incluyen una estrategia de prevención del delito, así como condiciones para la homologación salarial.

Los alcaldes de los municipios seleccionados recibirán los recursos en el primer semestre del año (una ministración en marzo y la siguiente en junio), con el propósito de que tengan recursos y tiempo para la planeación de proyectos específicos contra el crimen.

En la lista de 251 municipios beneficiados resaltan, por número de alcaldías seleccionadas: estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Atención a jóvenes

Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, dijo que en las variables que estamos revisando para la definición de los municipios que se van a incluir en el programa (de prevención del delito) se encuentran fundamentalmente los menores de 18 años.

El programa preventivo, que será anunciado en los próximos días, tiene un fondo presupuestal para mejorar el esquema de coordinación de las dependencias federales, a fin de atender a grupos vulnerables, como los jóvenes.