El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no puede convertirse en un órgano persecutorio ni sancionador, advirtió Mario Rueda Beltran, presidente del organismo, quien destacó que no es viable convertirlo de un momento a otro en la institución responsable de evaluar a 1.4 millones de docentes en el país.

Destacó que si se quiere que la valoración de los maestros repercuta en una mejor formación de los estudiantes, se debe sacar al instituto del ámbito político, y garantizar que quienes integren el nuevo INEE –que de acuerdo con la reforma educativa contará con autonomía– tengan un perfil académico, porque un organismo técnico no puede estar sujeto a criterios partidistas o gubernamentales.

En entrevista con La Jornada, Mario Rueda Beltrán afirmó que antes que cumplir tiempos y fechas para la aplicación de exámenes estandarizados que miden el desempeño de los docentes, se debe definir para qué queremos evaluar y cómo vamos a atender las deficiencias que tengan los profesores.

Recomendable, que mantenga su estatuto técnico

Tras reiterar su deseo de ser considerado en la terna que se le presente al presidente Enrique Peña Nieto para la elección de quien encabezará al nuevo INEE, enfatizó que el organismo debería mantener un estatuto técnico y quedarse a nivel de recomendaciones o de vigilancia, y no como una instancia sancionadora del docente.

Destacó que pretender transformarlo en un instituto evaluador de todo el magisterio nacional no sería recomendable. Sería convertirlo de un momento a otro en un organismo muy grande. Implicaría el entrenamiento de muchas personas y esto generaría consecuencias.

Si las condiciones de trabajo son muy distantes de las exigencias, quizás deberíamos abrir tiempos para el desarrollo de las habilidades que le pedimos a los docentes antes que evaluarFoto Roberto García Ortiz

Sin embargo, reconoció que aún están a la espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa, en la que se establecen las modificaciones al INEE para iniciar la discusión de las leyes reglamentarias, donde se deben fijar con mayor claridad sus competencias.

Cuestionado sobre las metas de evaluación docente determinadas por la autoridad educativa, destacó que vale la pena darse tiempo para hacerlo bien, antes que llegar a cumplir tiempos mal.

Señaló que la aplicación en 2012 de la evaluación universal a profesores de educación primaria en todo el país, con una baja participación de los profesores, dejó claro que se había pactado más en un contexto de orden político en un momento de elecciones. Esto evidencia que la evaluación está en un contexto político, enfatizó.

Rueda Beltrán agregó que más que establecer plazos debemos tener una buena discusión sobre qué vamos a evaluar, cómo y para qué. Si logramos acordar entre los principales actores cuáles son las funciones que cumple este ejercicio, esto nos ayudará a ver en qué condiciones están los profesores en la escuela.

Si las condiciones de trabajo son muy distantes de las exigencias, entonces quizás deberíamos abrir tiempos para el desarrollo de las habilidades que le pedimos a los docentes, antes que evaluar.