La Sierra Norte de Puebla se ha convertido en escenario de diversos megaproyectos depredadores, entre ellos presas hidroeléctricas y minas a cielo abierto, los cuales se han impuesto mediante intimidación a los pueblos indígenas y a los activistas, advirtieron organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, Leonardo Durán, del colectivo Tosepan Titlaniske, indicó que en las zonas altas de dicha región hay al menos 20 iniciativas de minería a cielo abierto –que causa graves daños al ambiente–, mientras en las medias y bajas hay ocho de presas hidroeléctricas, entre ellas una en la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla.

Allí, el consorcio empresarial Grupo México –de Germán Larrea, dueño de la mina Pasta de Conchos– empezó a construir la presa, para lo cual ha arrasado plantíos de maíz y café sin pedir autorización de los propietarios de las tierras, sin informarles de qué se trata el proyecto y presionándolos para vender sus parcelas a precios irrisorios.

Silvia Villaseñor, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, recordó que los campesinos opositores a la hidroeléctrica han sido amenazados por comerciantes y maestros de las comunidades mestizas de Olintla, azuzados por el presidente municipal, Héctor Arroyo Bonilla, como ocurrió el 26 y 27 de enero, cuando un grupo de activistas solidarios fue amenazado y retenido varias horas.

Gabriel Hernández, del Comité de Solidaridad Sierra Norte de Puebla, subrayó que los megaproyectos en esa zona no sólo afectan el medio ambiente, sino también son un ataque al tejido social de las comunidades y a la cultura de los pueblos totonacas asentados allí desde hace más de mil 400 años.

Gabriel Ramírez, del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, leyó un comunicado en el cual las organizaciones reunidas en el colectivo Tiyat Tlali exigen detener el hostigamiento contra los pueblos que rechazan la hidroeléctrica; el retiro inmediato de retroexcavadoras y otras máquinas de la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza y respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que ya investiga el hostigamiento contra los campesinos indígenas de Ignacio Zaragoza.