Diversas organizaciones sociales enviaron el pasado 16 de enero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un amicus curiae –documento presentado por terceras personas ajenas a un litigio, para brindar al juez mayores elementos para tomar una decisión–, mediante el cual le solicitan la admisión del caso de la masacre de El Charco, por considerar que ya se han agotado todas las instancias jurídicas del país.

Con la firma de apoyo de diversos activistas religiosos, como Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Carlos Morfín Otero, Jesús Espejo, Emilie T. Smith y Rebeca Montemayor López, además del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Universidad Iberoamericana, el documento plantea que el Estado mexicano ha encubierto a los responsables de la matanza, entre ellos los generales Luis Humberto López Portillo Leal y Juan Alfredo Oropeza Garnica.

Por ello, los promoventes del amicus exigieron que el caso sea admitido ya por la CIDH y que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles.

Israel Sampedro, coordinador general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, señaló que la matanza de El Charco –ocurrida el 7 de junio de 1998, donde elementos del Ejército asesinaron a 10 personas– sigue impune, debido a que ninguno de los militares responsables fue debidamente investigado ni juzgado.

Erika Zamora Pardo, sobreviviente de la matanza junto con Efrén Cortés Chávez, subrayó la importancia del recurso presentado ante la CIDH, pues sólo de esta forma podrán ser juzgados López Portillo Leal y Oropeza Garnica, quienes también han sido acusados por cometer violaciones de derechos humanos en Chiapas y Oaxaca.