El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, lamentó que a pesar del avance en el respeto a las garantías fundamentales, las desapariciones forzadas, tratos inhumanos y degradantes, la tortura, cateos y detenciones ilegales, en su mayoría vinculadas con operativos de instituciones de seguridad pública, están más presentes que hace algunos años.

Al presentar su informe anual a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional sostuvo que en México han reaparecido violaciones que creíamos ya desterradas, lo que es urgente corregir.

Asimismo, consideró necesario vencer la impunidad para evitar que se reproduzcan acciones de autodefensa, como en Guerrero. La única vía segura para recobrar la paz y tranquilidad es con fuerzas de seguridad pública profesionales y regidas por estrictos controles de honestidad, rectitud y ética, dijo.

En el salón Verde de la Cámara de Diputados, Plascencia expresó su reconocimiento al Congreso por la reforma constitu- cional de 2011 en materia de derechos humanos, uno de los más grandes avances desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura.

Afirmó que la CNDH respaldará cualquier medida para reforzar el respeto a los derechos humanos, pero no podríamos acompañar una iniciativa que implique la limitación de garantías que ya pertenecen al pueblo de México y que no admiten retrocesos.

El pasado día 3, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), presentó una iniciativa que busca modificar el artículo primero de la Constitución para definir que, en una contradicción de principios con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, prevalezca el texto constitucional.

Plascencia Villanueva resaltó que en 2012 –el último año de gobierno de Felipe Calderón– el país sufrió, como en los años previos, el constante enfrentamiento entre cuerpos de seguridad pública y la delincuencia organizada, así como entre los propios grupos delictivos. Esa –agregó– fue la principal causa de muertes violentas y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida, lo que impactó de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos.

Al desglosar los casos analizados por la CNDH, explicó que en 2012 se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, un aumento significativo en la atención a la ciudadanía.

Explicó que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

En su reporte, refirió que la población indígena continúa enfrentando actos de racismo y discriminación, así como violencia física y emocional, exclusión de los servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera gravemente su calidad de vida y posibilidades de desarrollo.

Además –indicó–, persisten las condiciones de gobernabilidad debilitada en los centros penitenciarios, pues en 60 por ciento de los penales visitados por la CNDH se constató que existe autogobierno.