La negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea el patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es una muestra indignante de la crueldad y la falta de sensibilidad de los ministros ante las necesidades de los trabajadores, señalaron activistas y expertos en temas laborales.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, indicó que el fallo ya no nos extraña. Siguen construyendo la acción criminal de un sistema implacable, poco piadoso.

La decisión de los magistrados, añadió, se debe a que éstos mantienen un nivel de vida lleno de lujos que los vuelve incapaces de entender el sufrimiento de quienes no tienen acceso al trabajo o a la seguridad social.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, coincidió en afirmar que el fallo demuestra una gran falta de sensibilidad ante las duras e injustas condiciones en las que han tenido que subsistir los miembros del SME, muchos de los cuales están boletinados para que no obtengan trabajo en ningún lado.

“El recurso amicus curiae que firmamos estaba debidamente fundamentado y es muy lamentable que lo hayan ignorado, sacrificando los derechos de los trabajadores frente a los intereses de una empresa que felizmente todavía es del sector público, como la CFE, pero donde hay graves signos de corrupción e ineficiencia”, dijo.

Por su parte, Patricia Juan Pineda, experta en derecho laboral e integrante del Frente Auténtico del Trabajo, consideró que con esta resolución la SCJN está mandando el mensaje de que puede adoptar criterios favorables a los derechos humanos en ciertos casos, como en el de Florence Cassez, pero olvidarlos totalmente en otros.

Parece que hubiera una justicia para los mexicanos y los pobres y otra para los extranjeros y los ricos. Van a liquidar a 16 mil personas con fondos que no generan producción ni mercado interno y que finalmente un día se van a acabar, lamentó.

En este escenario, admitió, la última instancia a la cual puede apelar el SME es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez agotadas todas las instancias judiciales del país.