A pesar de que el PRI y el PAN cuestionaron los términos del dictamen de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que exoneraba a Andrés Manuel López Obrador de haber recibido recursos de una triangulación ilícita entre el gobierno capitalino, las organizaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana y la campaña presidencial, el Consejo General del organismo aprobó de manera unánime el documento y no hubo sanción.

Es obvio que en 2006, cuando López Obrador creó Honestidad Valiente, y un año después Austeridad Republicana, tenía en mente utilizarlas para financiar su campaña, lanzó el priísta José Antonio Hernández Fraguas. Acusó a las organizaciones de prestarse a un fraude a la ley para hacer llegar al ex candidato presidencial, de manera irregular, mil 200 millones de pesos recolectados por Honestidad Valiente, buena parte de los cuales se financiaron, a decir del PRI, con recursos del Gobierno del Distrito Federal.

También el PAN arremetió contra el proyecto de la unidad de fiscalización, y en voz de Rogelio Carbajal y Javier Corral censuró que se avale lo que, dijeron, es una simulación de la ley.

“No puede uno estar exigiendo sanción sólo al turbio esquema de financiamiento del PRI, por medio del Monexgate, y en este caso decir que no pasó nada (…) Tenemos el reto de cerrarle la puerta por todos lados a los defraudadores de la ley, estén en el PRI, el PRD o el PAN.”

En defensa salió el representante perredista, Camerino Márquez, quien dijo que la unidad de fiscalización investigó las cuentas de López Obrador y requirió información a la Secretaría de Hacienda y al SAT.

Se exploraron las cuentas también de ambas organizaciones, pero no se encontró vínculo alguno, por lo que demandó no seguir alimentando la especulación dolosa.

Sin embargo, quienes asumieron más ampliamente la defensa del dictamen fueron los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Nacif.

Estamos ante un caso donde los partidos de la coalición no tienen un vínculo financiero que se pueda demostrar con esas organizaciones, que se hayan encontrado cheques, transacciones que pudieran constituir aportaciones a los partidos y que estén documentados en el expediente, expresó Nacif.

Figueroa destacó: no existe elemento en los archivos de la unidad que permita comprobar que existió aportación alguna por parte de los movimientos, cosa muy diversa a lo que se pudo demostrar la semana pasada (en el caso Monex y su vínculo con el PRI).

Quien resumió los términos de los debates que se han generado en torno a la fiscalización de los recursos de los partidos fue la consejera María Marván: no es la primera vez en que estamos en una suerte de parodia del poema de sor Juana Inés de la Cruz: unos acusan a otros de lo mismo que se lamentan.

Poco antes de que se votara de forma unánime el dictamen, el representante legislativo del PRD, Rosendo Medina, apuntó que la pretensión priísta era coartar la libertad de las organizaciones al pretender confundir su actividad como movimientos sociales con el activismo electoral.